Ante un caso que involucra a funcionarios del Gobierno estatal encabezado por el gobernador Samuel García y al dirigente local de Movimiento Ciudadano (MC), Baltazar Martínez Ríos, el Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación de los presuntos actos de extorsión denunciados por la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar).
Durante el último año, diversos sectores empresariales y productivos han advertido sobre un aumento en cobros considerados excesivos, presiones administrativas y presuntas prácticas irregulares en distintas dependencias estatales y municipales, contexto en el que se enmarca la petición legislativa.
En ese escenario, más de 60 cámaras y organismos empresariales, entre ellos Coparmex Nuevo León, Caintra y la Cámara de Comercio, rechazaron en diciembre de 2025 los incrementos fiscales planteados dentro del Paquete Fiscal 2026, al señalar posibles afectaciones para la inversión y el empleo. A ello se sumó, en enero de 2026, la denuncia de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) sobre presuntos abusos y cobros indebidos por parte de agentes de tránsito en municipios del área metropolitana, con pérdidas económicas millonarias para ese sector.
Con 30 votos a favor de legisladores del PAN, PRI, Morena, PRD y PT, la solicitud de intervención federal fue presentada por la diputada Armida Serrato Flores (PRI), presidenta de la Comisión Anticorrupción, durante la sesión ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2026.
La petición formal se dirige a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos y se sustenta en la relevancia social del caso, además de lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. También se invoca el artículo 73 de la Constitución federal, que permite la atracción de asuntos de competencia local cuando existan implicaciones federales.
En su intervención, Serrato señaló que la participación de la FGR se justifica debido a que en el audio difundido públicamente, y atribuido a Martínez Ríos, se menciona la exigencia de un “pago fuerte” a la empresa para facilitar su operación, además de referir a otros integrantes del gabinete estatal.
Según lo expuesto ante el Pleno del Congreso, en la grabación también se alude al secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, así como al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna. La legisladora cuestionó además que Martínez Ríos no haya acudido a las sesiones del Congreso desde que se dio a conocer el audio, en el que presuntamente aparece como intermediario entre autoridades y la empresa extractiva ubicada en el municipio de Cerralvo.
El diferendo entre Matrimar y el Gobierno estatal tiene antecedentes en 2025, cuando la pedrera fue objeto de inspecciones, auditorías y clausuras administrativas relacionadas con el llamado impuesto ambiental, un gravamen implementado desde 2022 para gravar emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos.
Mientras la empresa sostiene que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, autoridades estatales han señalado adeudos millonarios derivados de contribuciones ambientales. Documentos presentados por la compañía indican que en noviembre de 2025 la Secretaría de Finanzas estatal habría revisado sus operaciones y determinado que cumplía con sus obligaciones fiscales; sin embargo, posteriormente se registraron nuevos requerimientos y cierres operativos. Matrimar ha denunciado que dichas acciones constituyen “extorsión institucional” y ha señalado afectaciones económicas y laborales para alrededor de 500 familias que dependen de la operación de la planta.
La controversia escaló a finales de febrero de 2026 con la difusión de audios en los que se menciona la solicitud de pagos extraordinarios a cambio de permitir el funcionamiento de la empresa. De manera paralela, la compañía ha obtenido suspensiones judiciales federales contra algunas clausuras, lo que derivó en una disputa pública con el gobernador Samuel García, quien ha negado cualquier acto de corrupción y ha sostenido que las acciones del Estado responden únicamente al cumplimiento de obligaciones ambientales.
