En principio, las fuerzas oficialistas en el Congreso aprobaron sin muchas complicaciones ordenamientos para permitir el uso lúdico de la mariguana, nuevas reglas en la subcontratación de personal, outsourcing, y ajustes a la forma de operar del Banco de México. Sin embargo, la oposición a los términos en que estaban redactadas las iniciativas, terminó por posponer su aprobación.
En estos tres casos, la mayoría morenista hubo de recular en lo aprobado inicialmente. En su afán de cumplirle sus caprichos al presidente Andrés Manuel López Obrador, habían dejado de lado las observaciones y comentarios que manifestaron los sectores involucrados en el esquema de parlamento abierto, restándole seriedad a este mecanismo.
Sin embargo, los grupos afectados hicieron presión a través de los medios de comunicación, lo que obligó a los legisladores morenistas y aliados a ponerle pausa o, tal vez, reversa a las iniciativas, ante las implicaciones económicas y sociales que tales ordenamientos tendrían.
En el caso del cannabis, que por tercera ocasión el legislativo hubo de solicitar una prórroga al poder judicial para emitir la legislación, estaría influido por la visión prejuiciada aún existente en diversos núcleos sociales, que consideran que facilitar su consumo lúdico favorecería actos antisociales.
Por lo que hace a la regulación del outsourcing, el impacto que tiene este mecanismo en la creación de empleo, tanto en el sector público como en el privado, obligó a una recapitulación de su articulado que, originalmente, pensaba prácticamente extinguir este esquema de contratación.
Por ejemplo, se estima que alrededor de medio millón de trabajadores y empleados prestan sus servicios en la administración pública. Y aun cuando el primer mandatario se comprometió a contratarlos directamente, esto tendría repercusiones en las finanzas públicas, a fin de cubrir seguridad social y prestaciones de que gozan el resto de la burocracia.
En el caso de la llamada “Ley Banxico”, el rechazo casi generalizado internamente y en el exterior, era inminente que tendría que entrar a la tintorería para quitarle la mancha-sospecha, de que se prestaría al lavado de dinero, además de poner en riesgo las reservas internacionales del Banco de México.
Hubo muchas voces que aludieron que la propuesta morenista para ajustar la Ley del Banco de México, en realidad, pretendía beneficiar a una sola institución financiera, Banco Azteca, que tiene serios problemas para manejar adecuadamente millones de dólares que tiene en efectivo.
De poco sirvió la defensa de fin de semana que hizo su promotor, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, pues no logró convencer a nadie de sus bondades. Que se hable de la elaboración de una “nueva propuesta”, demuestra el amplio rechazo que generó, por lo cual los legisladores guindas plantearon la creación de una comisión bicameral de trabajo, de tal forma que se pueda discutir en el próximo periodo de sesiones.
El modito morenista de legislar -hacer valer la mayoría a cualquier precio-, parece entrar en una etapa de rendimientos decrecientes, ya sea por una especie de sensibilidad ante reclamos de grupos sociales, o bien por cálculo político, con miras a las elecciones de mitad de camino.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que pese al respeto y a que viene del mismo movimiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador, las decisiones que se han tomado con respecto al manejo de la pandemia por Covid-19 en la capital, han sido responsabilidad de ella y las autoridades capitalinas.
