Sin necesidad de factureras ni de empresas fantasmas el gobierno lopezobradoriano se está despachando con la cuchara grande en eso del manejo oscuro de los recursos públicos, diez veces diez más grande que la estafa maestra.
Por un lado, si bien México no puede ser considerado un paraíso fiscal, los cuatroteistas han demostrado una gran imaginación para gastar -o guardar- 75 mil millones de pesos, bajo el concepto de “otras contrataciones”, sin haber precisado el destino de ese dinero, durante los dos primeros años de la administración del presidente López Obrador. Esquema que no aprovechó ni el neoliberalismo.
Por el otro, tampoco se ha aclarado en dónde están o cómo se han distribuido los recursos de fondos y fideicomisos extinguidos, cuyo monto oscila entre los 70 mil y más de 160 mil millones de pesos.
La reserva de la información sobre cómo y en qué se han gastado los dineros públicos destinados a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, es otro hoyo negro en la rendición de cuentas del gobierno que se presume como el más transparente.
En similar condición se encuentran los impuestos que los mexicanos hemos pagado y que, se supone, se han destinado al combate al coronavirus y a la adquisición de las vacunas antivirales que, a ojo de buen cubero, deben rondar los 100 mil millones de pesos, entre equipos, insumos, reconversión de nosocomios y biológicos.
De las denuncias presentadas por el manejo poco escrupuloso de los bienes y recursos en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), nunca más se ha sabido nada.
Y ni que decir de los 100 premios por 20 millones cada uno de la rifa no rifa del avión presidencial, hasta entre ellos se pican los ojos. De 13 unidades hospitalarias ganadoras, sólo una -de Sinaloa- reconoce haber recibido los recursos; las otras 12 -ISSSTE, IMSS, Sedena e instituciones estatales-, no existe documentación que avale la entrega de los dineros.
Aun cuando únicamente se refirió a los casos de las “otras contrataciones”, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que suplía al presidente López Obrador, señaló: “por supuesto se rendirán cuentas… seguramente habrá una respuesta”. Y fue más allá, sostuvo que “este es el gobierno más transparente y que más cuentas rinde” y como ejemplo puso las conferencias que se ofrecen desde Palacio Nacional.
Han pasado los días, semanas y meses sin que ninguna autoridad, ni el titular del ejecutivo federal hayan hecho alguna aclaración sobre estos y otros asuntos que involucran el manejo de los recursos públicos, dejando en claro que lo suyo lo suyo es la opacidad.
Esperemos que el INAI y la Auditoría Superior de la Federación contribuyan a despejar el ambiente nebuloso -los papers de la 4T- con el que se manejan los recursos públicos en el gobierno actual, y no terminemos en una nueva edición de la “comalada de nuevos ricos sexenales”, al término del mandato lopezobradoriano.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Recientes decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen una tonalidad “vino tinto”. Revocó la decisión del INE de aplicar medidas cautelares al presidente López Obrador por declaraciones electorales; y modificó decisión del Tribunal Electoral de la CDMX que prohibía empadronar, afiliar o incorporar a ciudadanos a programas sociales, a partir de las precampañas y hasta pasada la jornada comicial.
