Ahora resulta que los mexicanos debemos pagar casi un cuarto de billón de pesos de más por el capricho de López Obrador de cancelar el aeropuerto de Texcoco; de los 100 mil millones estimados por el gobierno actual, ya nos dijeron que el costo del chistecito, hasta el momento, será de 332 mil millones de pesos.
Es decir que lo que vamos a pagar de más, es un monto superior a lo que, se supone, va a costar la TAPO para aviones (Terminal Aérea Populista) de Santa Lucía, aproximadamente 1,615 millones de pesos, si es que el ábaco cuatroteísta no falla. Así, entre cancelación y construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, los mexicanos tendremos que desembolsar la friolera de medio billón de pesos.
En términos estrictos, con base en los análisis realizados a la cuenta pública de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la cancelación del NAIM en Texcoco nos saldrá más caro que haberlo construido, ya que las estimaciones para la conclusión de dicho aeropuerto era de 305 mil millones de pesos, incluidos los aumentos de costos y que, de acuerdo con el presidente López Obrador era un despilfarro que ofendía a las clases populares.
En cambio, ¿cómo debemos llamarle al hecho de tener que pagar una cantidad mayor a esa para hundir tales instalaciones?, que nos colocarían en un lugar privilegiado para el comercio y el turismo, sobre todo por un gobierno que se dice austero hasta las cachas.
En especial si se toma en cuenta que muchos de los grupos empresariales que participaban en la construcción de la base aérea internacional de Texcoco, ahora lo hacen para Santa Lucía, con lo cual ganan por partida doble -una por la cancelación de la obra previa y otra al contratarse en el nuevo proyecto- por el simple hecho de complacer en sus ocurrencias el titular del ejecutivo federal.
Para simplificarlo, el costo de cancelar e inundar el que sería el aeropuerto en el municipio de Texcoco, de acuerdo con la ASF será 3.3 veces superior a lo previsto por los cuenta chiles oficiales del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
“Se identificó que el grupo aeroportuario careció de un mecanismo para generar, integrar, consolidar, reportar y comunicar la información sobre el costo total de la cancelación del proyecto, a fin de darle un seguimiento constante a dicho costo, con objeto de que éste no se eleve por encima de lo previsto, y se favorezca la transparencia y la rendición de cuentas sobre este tema”, dice la entidad fiscalizadora en la tercera entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2019.
Pero no solo eso, la Auditoría Superior de la Federación también detectó que la Secretaría de la Defensa Nacional utiliza recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar para continuar con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, frente a una “disminución de recursos al proyecto, ordenada por la Secretaría de Hacienda”
En su informe de la auditoría a la obra, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASF explicó que descubrió una disminución entre el presupuesto previsto y el autorizado por Hacienda, ante lo cual la Defensa respondió que de 21 mil millones ejercidos, 16 mil los tomó de dicho fideicomiso que, a diciembre de 2020, contaba con 30 mil 193 millones de pesos. No obstante, la auditoría concluyó que la Sedena “no proporcionó evidencia que justificara dichas cifras“.
Luego de la revisión realizada por la Auditoría a uno de los principales proyectos de infraestructura del gobierno, encontró “una brecha entre los recursos requeridos y autorizados” por Hacienda para el aeropuerto de Santa Lucía.
A lo anterior hay que agregar las inversiones que se deben hacer para el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca.
En síntesis, a los mexicanos el gobierno lopezobradoriano nos deja un mini Fobaproa aéreo; es decir, nos saldrá más caro el caldo que las albóndigas por tres terminales aéreas, cuya operatividad, funcionalidad y calidad están en duda.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
El análisis de la Cuenta Pública de 2019, revela que son buenísimos para criticar lo hecho en el pasado, pero todas las obras y programas insignia de López Obrador tienen severos cuestionamientos por el poco apego a derecho y no pulcro manejo de los recursos. ¿Y la Secretaría de la Función Pública?
