Dentro de los cálculos electorales del presidente López Obrador se encuentran, primero, exacerbar los estados de ánimo de los ciudadanos con la emisión de leyes y ordenamientos controvertidos -sin rigor jurídico- para, después, presentarse como el único dispuesto a dar su vida luchando contra los enemigos del pueblo.
Como lo más probable es que la suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica, emitida por jueces adquiera carácter definitivo, desde ya el primer mandatario azuza a sus huestes a movilizarse, independientemente de que pueda y quiera enviar una reforma constitucional a modo, para garantizar la preminencia de las empresas estatales en el sector energético.
El argumento es que él no puede, ser cómplice del robo, del atraco ni aceptar que particulares dañen la Hacienda Pública, afecten la economía popular y, sobre todo la de los más pobres.
A sabiendas de que en junio próximo puede perder la mayoría en el Congreso, López Obrador se moverá en dos pistas: adelantar reformas legales que necesita para su proyecto y, al mismo tiempo que Morena y satélites se pongan en acción e impidan que la oposición gane más espacios.
En el primer caso, el titular del ejecutivo está enviando al Senado las leyes reglamentarias “para hacer operativa” la reforma constitucional al Poder Judicial a fin de, entre otros aspectos, “garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos”, así como combatir el nepotismo y el acoso sexual en este Poder.
En complemento, Reyna Celeste Ascencio Ortega, diputada de Morena, enlistó una propuesta de reformas a la Ley de Amparo “para evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado”.
En opinión de la legisladora “existe un empecinamiento en obstaculizar judicialmente las medidas de fomento y apoyo que se han emprendido para revitalizar tanto a la CFE como a Pemex; de lo que se trata es de recobrar la soberanía nacional en la generación de energía eléctrica y en la explotación de hidrocarburos, pese a ello se ha utilizado como pretexto la supuesta protección al ambiente”.
Es decir que, en su papel de Eliot Ness, el primer mandatario asume que el neoliberalismo -así, en global- es el Al Capone, al que debe combatirse, ya que usan como excusas la vigencia del Estado de Derecho y la protección del medio ambiente para mancillar la inmaculada concepción de su transformación cuatroteísta, por lo que hay que eliminar ambos aspectos.
Por eso López Obrador reiteró que la vida pública tiene que ser cada vez más pública; “la transparencia es una regla de oro de la democracia y no debe haber intocables”.
Estas aseveraciones contrastan con su actuar a lo largo de su gestión, pues de acuerdo con estadísticas y estudios, la Presidencia de la República se ubica entre las áreas gubernamentales que menos atiende las solicitudes de los ciudadanos y más ha reservado información. Eso no es transparentar la vida pública
Y ni que decir de los intocables de la 4T: Pío, Felipa, Félix Salgado, Manuel Bartlett, los Monreal, los Sandoval y un largo etcétera, al igual que todos los funcionarios que han mal gastado los recursos públicos sin ser sancionados.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
El gobierno lopezobradoriano es “candil de la calle y oscuridad de su casa” en material laboral. Por un lado, amaga con quitar la concesión a una empresa minera de Canadá, porque busca a como dé lugar un sindicato a modo; lo mismo que lleva a cabo Sanjuana Martínez en Notimex.
