Al constituirse en Jurado de Procedencia, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación por la Fiscalía General de la República.
Entre mantas de panistas con la leyenda: “¡Basta de persecución política! , ¡Alto al uso electoral !”, y descalificaciones en debate de más de cinco horas , la mayoría de Morena y aliados avaló con 302 a favor, 134 en contra y 14 abstenciones el dictamen, mismo que se turnó al Congreso local para sus efectos constitucionales.
Con la ausencia de García Cabeza de Vaca, Elizabeth Alcantar Cruz ,representante de la FGR acusó al mandatario estatal de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, a través de prestanombres cuyo valor asciende a más de 951 millones de pesos.
Advirtió que el salario de quien sólo ha sido servidor público no alcanzaría a tener esa fortuna.Señaló que hasta el momento se tiene conocimiento que durante el periodo de 2016 a 2019 conformó una organización que fue operada dentro del propio gobierno con la intención de beneficiar a su propia familia.
Expuso que los recursos que obtuvo a través de licitaciones y contratos de obras públicas fueron adjudicados a personas cercanas al gobernador.
Desde una plataforma digital , el abogado defensor del imputado, Alfonso Aguilar Zinser, solicitó al pleno que deseche el dictamen, ya que al aprobarse se estará avalando un dictamen que vulnera la presunción de inocencia del gobernador.
“Lo que se vota hoy no es materia de debate. Se incluyen los delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, los cuales no están en el expediente de la Sección Instructora. Aquí lo que rige es limitarse a lo que es la materia de la lurid”, señaló.
Reiteró que el gobernador no omitió declarar sus ingresos acumulable y precisó que el acuerdo de la compra del departamento ubicado en la colonia Santa Fe por más 42 millones 133 mil pesos no es irregular.
Cuestionó que la FGR no tomé en cuenta el contrato de compraventa para formular la querella ni la declaración fiscal de la esposa del gobernador de Tamaulipas.
El presidente de la Sección Instructora , el morenista Pablo Gómez llamó a los legisladores a cumplir con su deber y aprobar el dictamen a efecto de ponerlo a disposición de la autoridad.
No obstante , reconoció que en la Sección Instructora no hay elementos suficientemente fuertes para considerar que recursos que llegaron a poder del gobernador de Tamaulipas, fueran producto claramente de delitos, “aunque tampoco puede existir la convicción de que no lo sean.Ante la duda, es preciso preferir al inculpado antes que al fiscal”.
Dijo que el delito imputado en el dictamen es la defraudación fiscal equiparable, que se deriva de una compulsa entre los ingresos del denunciado y su declaración fiscal.
“No es la compraventa de un inmueble como se ha insistido. La diferencia en favor del causante es la conducta ilícita misma, la cual se considera que no puede ser de naturaleza puramente culposa sino dolosa”.
Aseveró que la Sección Instructora sostiene que existen fuertes indicios, suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el impuesto sobre la renta del año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de seis millones de pesos.
“Han quedado atrás los tiempos en que estos procedimientos quedaban archivados o se manipulaban para olvidar o para condenar por consigna”, sentenció.
Tras rechazarse en votación económica la moción suspensiva al dictamen que planteó el PAN, el coordinador de esa bancada , Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que el dictamen de la Sección Instructora es mediocre, mal redactado y si el fundamento motivación que se requiere.
Afirmó que el combate a la corrupción lo que mueve este dictamen, es la urgencia de incrementar distractores ante la tragedia que lamentablemente sufrimos en el país.
“Lo que hoy advertimos es un ataque contra él y no hay correspondencia con las cargas probatorias. (…). Malos tiempos corren el día de hoy, Estado de Chueco, diría Gabriel Said, no Estado de Derecho y la falta de la defensa de libertades fundamentales”, reprochó.
Dijo que es en un Juicio de Procedencia que llega con más preguntas que respuesta.
“Hoy lo que tenemos que buscar es la verdad y la legalidad y nos lo dicen personas y me duele tener que decirlo. Nos vemos entre circo, Morena y teatro”.
La priísta Claudia Pastor Badilla acusó celeridad de Morena para llevar a juicio de procedencia al gobernador panista cuando existen otros casos que llevan más tiempo , y llamó a reponer el procedimiento ante las inconsistencias del mismo .
“Esto sólo demuestra una cosa: el claro interés de la mayoría en esta Cámara por utilizar este tipo de procedimientos con fines electorales, de golpeteo político y de sumisión de todas las instituciones del Estado”, aseveró.L
La panista Adriana Dávila Fernández aseguró que el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, es un caso político con tintes electorales impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
