Robert Greene escribió en su libro las 48 leyes del poder: “Es todo un arte saber cuándo llamar la atención y cuándo dar un paso hacia atrás”. Y es que en la nueva era digital el hecho de ser visible y tener muchísimos seguidores implica volverte vulnerable. Ser una persona pública tiene sus ventajas, pero también se corren ciertos riesgos, y si se trata de política, la comunicación conlleva una gran responsabilidad.
Hace unas horas, se dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral (INE), prevé una multa por uso irregular en redes sociales a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, así como al PVEM por 55 y 40 millones de pesos respectivamente.
En el caso de Samuel García, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE indica que no se reportaron más de 27 millones de pesos correspondientes a 45 fotografías en el feed y mil 300 historias en la red social Instagram de su esposa Mariana Rodríguez, quien cabe resaltar es influencer con más de 1.8 millones de seguidores y su nombre es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) desde el año 2019.
Si bien, no existe una regulación explicita o fundamento legal, el órgano electoral indica la prohibición de las aportaciones en especie de una persona física con actividad empresarial, como es el caso de “La Chavacana”.
Por tal motivo el Consejo General del INE multaría al mandatario electo por la cantidad de 55 millones de pesos, tema que se resolverá hoy jueves.
En este mismo contexto, la Unidad de Fiscalización propuso una multa al Partido Verde por 40 millones de pesos, así como el retiro de spots en radio y televisión por un periodo de un año, esto después de que más de 90 influencers, cantantes, presentadores de televisión, etc, publicaran mensajes de promoción, violando el periodo de veda electoral.
Sin duda, lo que resuelva este dia el Instituto Nacional Electoral será materia de estudio para las próximas elecciones del 2022 donde se elegirán gobernadores en seis estados de la república, así como para la presidencial en 2024.
Este hecho podría ser el principio de un precedente para la creación de un marco legal para las redes sociales, especialmente en periodos electorales. Recordemos que Twitter y Facebook han sido cuestionados acerca de sus políticas de moderación de contenido.
¿Será que hay una delgada línea entre la libertad de expresión y una actitud premeditada? Veremos.
Dicen que en política no hay sorpresas sino sorprendidos.
