¿Cuáles son los verdaderos motivos por los que el presidente Andrés Manuel López Obrador desea que la Guardia Nacional pase a integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional? El primer mandatario utiliza como principal argumento su interés de que la GN no se pudra como ocurrió -a su parecer- con la Policía Federal.
Postura que carecería de sustento, si se toman en consideración dos aspectos fundamentales: uno, el 80 por ciento de los integrantes de la Guardia Nacional pertenecen a la milicia y, dos, a decir de los titulares de la Defensa Nacional y de la Marina, en las fuerzas armadas no existe corrupción; esa práctica sólo se presenta entre los funcionarios públicos, de hoy y del pasado.
En el fondo, los problemas de la inseguridad y la violencia que vive México en lo que va del presente siglo deviene, en buena medida, del surgimiento, crecimiento y expansión de grupos de la delincuencia organizada.
Amnistía Internacional, en un reciente informe, recomienda que el gobierno debe abandonar la idea de militarizar la seguridad, pues en los dos sexenios anteriores y en el actual este camino ha arrojado pobres resultados y, en cambio, han aumentado las violaciones a los derechos humanos.
Los elevadísimos niveles de impunidad existentes en México, han sido un importante factor para que los homicidios dolosos sigan siendo altos y que se hayan incrementado los feminicidios, lo cual indica que no se trata únicamente de un fenómeno inherente a la delincuencia organizada, sino que estas prácticas han permeado en importantes grupos de la sociedad.
Creer que aumentar el número de efectivos, pertrechos y cuarteles dotará en automático de mayor eficiencia a las labores de seguridad, es cerrar los ojos ante una realidad en la que los homicidas han hecho de “los muertos no hablan”, su principal lema, sabedores de la inoperancia e ineficiencia de las autoridades encargadas de impartir justicia.
Frente a la versión remasterizada del “mátalos en caliente” que permea en diversos sectores, la opción militar pierde su razón de ser. Más bien pareciera un ardid para ocultar las razones políticas de que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad.
Amnistía Internacional refirió que el Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH establece que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350, y en lo que va del año 2021 ha acumulado 261 quejas, lo que sitúa a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos.
De igual manera, AI advierte que respecto a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, estimó que “contraviene las obligaciones del Estado mexicano respecto de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención y protección de la vida, lo que puede resultar en la violación a los derechos a la vida, la integridad física y mental, la igualdad y no discriminación, y las libertades de reunión, asociación y de expresión, todos contenidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte”.
Es decir que, además de convertir a la Guardia Nacional en la Mexican Border Patrol, en las fronteras norte y sur, su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional tendría, entre otras de sus finalidades, la disuasión política.
Asimismo, una vez que entren en operación el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, las fuerzas armadas empezarán a gozar de “autonomía económica”, por las utilidades que obtengan de la operación total o parcial en ambos proyectos, se convertirían en otro poder fáctico, sin que ello signifique fatalmente mayor seguridad para los mexicanos.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Mientras el presidente López Obrador asegura que ningún periodista es censurado, durante su mandato han asesinado a alrededor de 45 reporteros, la Sociedad Interamericana de Periodismo (SIP) celebró la creación de la Alianza de Medios Mx, la cual pretende defender la libertad de expresión en México.
@Edumermo
