Vaya paradoja la que vive México en su estrategia de combate a la delincuencia. Por un lado, le piden que reparta abrazos y no balazos al enfrentar a los malosos y, por el otro, senadores de Estados Unidos piden dejar de vender armas a las fuerzas armadas y policías de nuestro país “por malos manejos que derivan en abusos a los derechos humanos”.
Los legisladores norteamericanos aluden a la “falta de transparencia” en los usuarios finales del armamento y la inexistencia de mecanismos claros de seguridad para evitar que sean usadas en crímenes.
Mes y medio después de que el gobierno mexicano presentara una denuncia contra empresas de armas estadounidenses, acusándolas de prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilícito, llegó la respuesta norteamericana.
Los senadores de los EEUU, indican la existencia de “la infiltración generalizada de las fuerzas policiales mexicanas, por parte de organizaciones criminales y la participación policial y militar en atrocidades”; tesis que refuta los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que durante su mandato no ha habido masacres.
Ya sea por parte de la delincuencia o de las fuerzas de seguridad del gobierno, se cumple la máxima de que Estados Unidos pone las armas y México los muertos, que en este mes patrio superó los 100 mil decesos en casi tres años del gobierno cuatroteísta.
La denuncia de los legisladores norteamericanos, deja profundas dudas de la estrategia seguida por la administración lopezobradoriana, pues desde su perspectiva existen casos que “evidencia el uso de armas norteamericanas en eventos que terminaron en abusos a los derechos humanos, como Ayotzinapa en 2014 y las detenciones de elementos de la Marina que participaron en desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas en 2018.
Si bien esos hechos ocurrieron en el gobierno anterior, de acuerdo con estadísticas de las autoridades del vecino país, el United States Census Bureau, la empresa Sig Sauer vendió 13 mil armas a México, entre 2013 y 2019; para 2020, la Guardia Nacional le compró 50 mil pistolas.
Y más recientemente, en julio del presente año, la Secretaría de Marina de México solicitó la compra de rifles automáticos y silenciadores de la misma marca, por valor de 5.5 millones de dólares.
Un mes después, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una denuncia en el tribunal federal de Boston contra algunos de los mayores fabricantes de armas como Smith & Wesson Brands, Barret Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A, Colt’s Manufacturing Company y Glock, así como Interstate Arms.
La cancillería informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston (Massachusetts) y especificó que la denuncia no es contra el Gobierno estadounidense. Significativamente en la denuncia se deja fuera a la empresa que vende armas a las fuerzas policiales y a la Marina de México.
¿Tiene sentido armar hasta los dientes a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas si, se supone, no tendrán que utilizarlas, salvo casos excepcionales, para combatir a la delincuencia? Es como invitar a un chimuelo a comer carne.
¿O acaso, se está pensando en que este armamento sea utilizado para combatir o disuadir movimientos políticos y sociales?
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
¿Se atreverá la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Secretaría de Hacienda a indagar los movimientos de la cuenta de HSBC y las de otras instituciones bancarias que utilizaba López Obrador para recibir las “aportaciones” a su movimiento e informar sobre la licitud de su manejo?
@Edumermo
