Por: Ana Larrañaga Flota
¿Usted tomaría consejos de nutrición de un productor de refrescos?
Tal vez, sin darse cuenta ya lo ha hecho. La Organización Mundial de la Salud ha definido el conflicto de interés como «cualquier interés que pueda afectar la objetividad o independencia de un experto cuando emite recomendaciones.» El conflicto también puede crear una ventaja competitiva injusta para cualquier persona, o institución con la que el experto tiene relación (ya sea financiera, de amigos cercanos, etc).
Hoy es fundamental hablar de la existencia de este conflicto, así como reconocer su papel en la formación de políticas y el daño que ha ocasionado en la salud pública. Para ello, creo fundamental retomar lo expresado por la Dra. Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud:
«Los esfuerzos para prevenir enfermedades no transmisibles van en contra de los intereses empresariales de poderosos operadores económicos. A mi parecer, este es uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta la promoción de la salud. Cada vez resulta más claro que ya no se trata únicamente de la industria tabacalera. La Salud pública también debe enfrentarse a las industrias de alimentos ultra procesados y refresqueras.
Estas industrias rechazan las regulaciones y se protegen a si mismas utilizando las mismas tácticas, bien documentadas por numerosas investigaciones a lo largo del tiempo. Estas incluyen grupos de cabildeo, promesas de auto regulación, demandas, y estudios financiados por ellos mismos con el fin de confundir la evidencia y mantener la opinión pública (y de los tomadores de decisión) en duda o debate. Sus tácticas también incluyen regalos, patrocinios, y contribuciones económicas atractivas ante los ojos del público y los políticos. Sus argumentos colocan a la responsabilidad individual como causa de los daños a la salud, y argumentan que los esfuerzos gubernamentales para desincentivar el consumo nocivo de sus productos es una interferencia a las libertades personales.
Tristemente, pocos son los gobiernos que priorizan la salud de sus habitantes, sobre los grandes negocios. Cuando estas industrias se ven involucradas en la formación de políticas públicas de salud, pueden estar seguros que las medidas más efectivas para combatir el problema serán menospreciadas, minimizadas o dejadas fuera por completo. Desde la visión de la OMS, la formulación de políticas de salud debe ser protegida de distorsión por estos intereses económicos.»
Claro ejemplo de este conflicto de interés está reflejado en la documentación publicada en JAMA de Medicina interna. En este artículo se detalla el financiamiento que la industria azucarera dio en la década de 1960 a científicos de Harvard para promover a las grasas saturadas como el factor de riesgo detonante para desarrollar enfermedades cardiovasculares, dejando así de lado los efectos del azúcar. Como consecuencia de esta serie de publicaciones se desarrollaron las actuales recomendaciones dietéticas y de ingesta de nutrimentos, en gran medida moldeadas por la industria de azúcar.
Actualmente, la principal causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, que si bien, al igual que otras ENTs (enfermedades no transmisibles) son desarrolladas por un conjunto de factores como tabaquismo, y sedentarismo, no podemos evitar preguntarnos: ¿cuántas de estas muertes pudieron ser evitadas si dichas guías alimentarias (convertidas en recomendaciones médicas y políticas públicas) hubiesen mencionado que el consumo de azúcar es también un factor detonante de enfermedades del corazón?
En 2015, The New York Times publicó un artículo en el cual se expuso que la marca Coca-Cola financió a un grupo de científicos para formar una organización llamada «Global Energy Balance Network» para promover un mensaje sencillo: La obesidad es causada por falta de actividad física y no por lo que comemos o bebemos.
En efecto, la actividad física ofrece múltiples beneficios y ayuda a mantener buena salud, sin embargo no es el único factor en juego para detonar obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas. Expertos evidenciaron que esta iniciativa era un esfuerzo de la marca para desviar la atención de las recomendaciones mundiales para llevar una buena alimentación, y en específico, el de reducir el consumo de azúcares añadidos.
En México, tenemos a MOVISA (Movimiento por una Vida Saludable), organización integrada por más de 70 marcas y organizaciones entre las que se encuentran la ANPRAC (Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas), Barcel, Bimbo, la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, Coca Cola de México, FEMSA, Grupo Gepp, Jumex, Danone, Peñafiel, Jugos del Valle, Hershey’s, Kellog’s Company, Oxxo, Nestlé, Pepsico, Promotora Industrial Azucarera, Red Bull, Televisa, Tv Azteca, CONCAMIN, Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, por mencionar algunas…
Sobra decir que este movimiento, liderado además por personal con amplia experiencia en administración de empresas (más no en ciencias de la salud, nutrición, diabetes, o pedagogía), busca entre comillas promocionar «hábitos de vida saludables», lo que en acciones se traduce en inclinar la balanza hacia la actividad física y promover el etiquetado «Checa y Elige» (mismo que en la última ENSANUT resulto ser poco comprendido por la población, además de no contar con criterios nutrimentales alineados a las recomendaciones de la OMS), pero dejando de lado la importancia de acciones integrales para combate al sobrepeso y la obesidad como la protección de la lactancia materna exclusiva, la reducción de sodio, azúcar añadido, y grasas saturadas y trans, la implementación de medidas fiscales a productos con alta densidad energética, azúcares y escaso aporte de nutrimentos esenciales, la educación para la salud sin sesgos de información sobre alimentación adecuada, la restricción a la publicidad dirigida a niños, la promoción de alimentos naturales y locales, el acceso a agua potable segura y gratuita, la implementación de etiquetados frontales sencillos y basados en criterios establecidos por expertos, movilidad activa, y muchos otros factores.
Y es que para combatir una enfermedad multicausal, es necesario proponer, implementar y sostener estrategias libres de conflicto de interés que cambien diferentes áreas a la vez, tanto en el individuo, como en el entorno que lo rodea.
