Sin contar con los registros ni permisos requeridos, operadores extranjeros han accedido a sectores estratégicos en México, una situación que se evidenció tras la detención del brasileño Anderson Olivares de Oliveira, directivo de Dock, y las pesquisas que involucran a Thiago De Magalhaes, supuesto gestor de contratos para Grupo Surman.
Olivares fue detenido el pasado 5 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y actualmente se encuentra en el Reclusorio Sur. Está acusado de participar en un presunto fraude financiero por al menos 10 millones de dólares. La audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo este viernes.
Dock, la empresa que dirigía Olivares en América Latina, calificó el caso como “una disputa mercantil por una compraventa de acciones”. Sin embargo, si el juez determina que hay elementos para vincularlo a proceso penal, el caso podría escalar, incluso a nivel internacional. Además, la detención del ejecutivo ocurre en un momento de creciente escrutinio internacional sobre la transparencia del sector financiero en México.
En paralelo, Thiago De Magalhaes, también de nacionalidad brasileña, ha sido vinculado con la gestión de contratos públicos en nombre de Grupo Surman, empresa relacionada con la venta y arrendamiento de vehículos oficiales. De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, Magalhaes habría participado en negociaciones con dependencias del gobierno federal, incluso en áreas clasificadas como de seguridad nacional.
La Ley de Inversión Extranjera, en su artículo 6 establece que ciertos sectores estratégicos, como el transporte terrestre de pasajeros, turismo y carga, están reservados exclusivamente para ciudadanos o entidades mexicanas, y que en caso de participación extranjera se requiere autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, según el artículo 8.
Al no contar con autorización conforme al marco jurídico, Magalhaes estaría violando la ley, en especial cuando los contratos gestionados por el brasileño involucraron equipos y servicios asignados a la seguridad nacional.
Los procesos han generado inquietud sobre la deficiencia en los mecanismos de control en la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras dependencias para impedir que personas extranjeras sin autorización intervengan en sectores tan vulnerables como la seguridad, la tecnología financiera y los servicios públicos.
