Luego que el IMSS Tamaulipas asignó un contrato por 36.6 millones de pesos a Grupo Paliba S.A. de C.V. para el abastecimiento de cartuchos de impresión, el Órgano Interno de Control recibió una serie de quejas e inconformidades sobre la supuesta existencia de sobreprecios, rebase del presupuesto asignado, además de requisitos amañados para que fueran adquiridos insumos de marca Lexmark, caracterizados por rendir tres veces por debajo de lo obtenido el año anterior.
De acuerdo con los documentos recibidos en la oficina de Salim Arturo Orcí Magaña, titular del OIC en esta delegación, la propuesta de la empresa relacionada con el chihuahuense Lorenzo Bujaidar Blackaller ascendió a 36 millones 624 mil pesos, monto con el que rebasaría los 23 millones 889 mil pesos que fueron asignados como techo presupuestal.
Sobre el fallo del 17 de marzo anterior, detallaron que cada artículo de la fabricante americana genera 6 mil páginas, tres veces menos que las 18 mil impresiones del año recién culminado. Asimismo, afirmaron que los sobrecostos se calculan en 25%, pues en 2021 el precio por unidad era de 3 mil 873 pesos, mientras que actualmente es de 4 mil 867 pesos.
Al tomar dichos datos como referencia, las peticiones para indagar el desenlace de la compra LA-050GYR018-E19-2022 enfatizaron que en lugar de imprimir 106 millones 476 mil hojas en beneficio de los derechohabientes, como se consiguió el año pasado, el IMSS Tamaulipas únicamente emitirá 27 millones 810 mil.
En 2020 los tóners de Lexmark fueron descalificados por la propia delegación de Silva Delfín, debido a que requerían productos totalmente nuevos, pero los de la marca pertenecían a un programa donde eran remanufacturados y rellenados.
Asimismo, en la delegación Veracruz, los cartuchos de la estadounidense comandada por Allen Waugerman tampoco fueron aceptados debido a la misma causa, además que rendían para 5 mil impresiones, número alejado de las 12 mil requeridas.
El veredicto a favor de Grupo Paliba S.A. de C.V. llegó luego que la etapa de Junta de Aclaraciones se demorara casi un mes. Tras iniciar el 9 de febrero, concluyó hasta el 3 de marzo, ya que las primeras 177 preguntas no fueron resueltas hasta diferir la fecha acordada en cinco ocasiones; mientras que los 281 cuestionamientos recibidos en una segunda ronda ni siquiera se respondieron en lo individual, al apelar al artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Entre los sospechosos de actuar en beneficio de la compañía, pero en perjuicio del erario público, se anotó al encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, David Adonai Cano Córdova, mismo funcionario que fue llamado a comparecer por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control, debido a que no brindó condiciones igualitarias al momento de integrar el estudio de mercado de la compra LA-050GYR018-E696-2019, y que excedió los plazos de ley para publicar el respectivo fallo.
