Si por algo se ha caracterizado esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, es por la nula productividad y la tremenda falta de oficio político que se vive al interior del recinto ubicado en Allende y Donceles, en el Centro Histórico de la capital del país. Una de las muchas razones que explican este fenómeno, ha sido la desbordada estrategia de los diputados de MORENA para hacer campaña en favor de López Obrador.
Y es que ahora, además de la mala comunicación y la falta de consenso que se vive al interior del Congreso Local, la inoperabilidad política se ha convertido en inestabilidad jurídica, pues, si las matemáticas no me fallan, el recinto legislativo capitalino se encuentra operando de manera ilegal. Conforme a lo estipulado por el artículo 13 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, si somos 66 diputadas y diputados locales, no podría el Congreso conceder más allá de 13 solicitudes, que equivale a la quinta parte del Congreso.
Fuera de las licencias de las Diputadas Isabela Rosales, de MORENA, y de las Diputadas Lourdes Paz y Circe Camacho Bastida, ambas del Partido del Trabajo, las otras 12 licencias, se han presentado sin fundamento jurídico alguno, como lo mandata el propio artículo 11 del mismo reglamento interno, dejando comisiones acéfalas y dictámenes congelados.
No obstante, la mala conformación en la que se encuentra laborando la otrora Asamblea Legislativa, podría llegar a ser argumento legal suficiente para cualquier cantidad de amparos e impugnaciones a los decretos de ley, puntos de acuerdo, o cualquier otro instrumento o acto jurídico que realice o emita el congreso de esta ciudad, durante el período que se encuentre mal integrado.
