Ciudad de México, 16 de Agosto de 2019.- El Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera y el Fiscal Especializado en Materia de Hechos de Corrupción, Jorge Vera Noyola, sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado en la que dieron a conocer los avances de procesos en contra de servidores públicos de diversos órdenes de gobierno.
Atendiendo al debido proceso y a la protección de datos personales, se informó que la Fiscalía ha ejercido acción penal en contra de 49 funcionarios públicos, de los cuales sus casos se han llevado ante un Juez para que les defina su situación penal conforme lo marca la ley.
De esos 49 servidores públicos que ya puso la Fiscalía a disposición de la autoridad judicial, 11 corresponden al Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado (ASE); 2 son del Poder Ejecutivo; 1 es del Poder Judicial; 28 son autoridades municipales; y 7 son personas particulares con intervención en hechos de corrupción relacionados con alguno de esos entes.
El Fiscal General y el Especializado explicaron que dentro de esas cifras, están 5 diputados en proceso penal ante Juez, de los cuales 2 se encuentran vinculados a proceso en etapa de investigación complementaria y los otros 3 con solicitud ante Juez de Control para audiencia inicial; 6 ex funcionarios de la ASE también se encuentran vinculados a proceso en etapa de investigación complementaria, al igual que un particular que participó en uno de esos casos.
Sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo, son dos oficiales del Registro Civil, una de los cuales está vinculada a proceso con suspensión condicional y el otro se encuentra con solicitud ante Juez de Control para la audiencia inicial. Del Poder Judicial es un actuario que ya inició su proceso ante autoridad judicial.
En cuanto a las autoridades municipales, hay 5 alcaldes, 6 regidores de ayuntamiento, 2 síndicos, 3 secretarios municipales, 2 contralores, 5 tesoreros y 5 directores de desarrollo social, a los cuales la Fiscalía ha ejercitado acción penal y sus casos están ante un Juez, el cual determinará su situación jurídica.
Los principales delitos de que se les acusa están relacionados con el peculado, ejercicio ilícito de la función pública, cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros.