Un presunto esquema de fraude dentro de Corredor Nueva Generación (Congesa), empresa concesionaria del transporte público que opera en el Corredor Circuito Interior de la Ciudad de México, fue denunciado por un grupo de accionistas que asegura haber sufrido pérdidas económicas durante varios años. Los inconformes sostienen que cerca de un centenar de socios, principalmente adultos mayores, resultaron afectados tras invertir sus ahorros y patrimonio en la compañía.
La serie de decisiones atribuidas a José García Lagunas, quien se ostenta como presidente del Consejo de Administración, habría provocado un deterioro financiero, desaparición de utilidades y afectaciones económicas para numerosos socios que actualmente permanecen sin ingresos y sin información clara sobre el manejo de los recursos de la empresa.
Información publicada por El Financiero señala que los accionistas acusaron a Congesa de dejar de entregar ganancias pese a que continúa operando unidades en una de las rutas más importantes de la Ciudad de México. Según los denunciantes, la administración ocultó información financiera y realizó movimientos patrimoniales sin autorización de la asamblea de socios.
Entre las irregularidades denunciadas destaca la presunta venta de autobuses propiedad de la empresa sin consultar a los accionistas ni transparentar el destino de los recursos obtenidos. Los inconformes también señalaron un supuesto intento de vender un inmueble perteneciente a la concesionaria, situación que incrementó el conflicto interno.
Los socios afectados denunciaron además la circulación de unidades sin permisos correspondientes dentro del Corredor Circuito Interior, vialidad estratégica que conecta puntos de alta movilidad como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Tacubaya, La Raza y Juanacatlán. Advirtieron que estas prácticas podrían derivar en responsabilidades administrativas y legales.
De acuerdo con El Financiero, alrededor del 80 por ciento de los accionistas son personas adultas mayores que destinaron recursos acumulados durante toda su vida laboral para adquirir acciones de la concesionaria. Muchos dependían de las utilidades como complemento de ingresos y actualmente enfrentan problemas económicos por la falta de pagos.
Los inconformes afirmaron que durante años solicitaron auditorías, informes financieros y rendición de cuentas sin obtener respuestas satisfactorias. También sostienen que la administración concentró el control de la información corporativa y limitó la participación de los socios en decisiones relevantes.
Asimismo, señalaron que han acudido a diversas instancias para presentar sus reclamos sin encontrar una solución de fondo, situación que elevó el nivel de inconformidad entre quienes consideran haber perdido gran parte de su patrimonio.
Ante la falta de acuerdos, los socios advirtieron que podrían realizar movilizaciones y bloqueos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir la intervención de las autoridades y visibilizar el conflicto.
Los accionistas demandan que autoridades locales y federales revisen la actuación de los directivos, esclarezcan el destino de los bienes de la empresa y determinen si existieron conductas constitutivas de delitos patrimoniales o administración fraudulenta. También solicitan mecanismos que permitan recuperar los recursos que consideran perdidos.
El caso abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión que existen en empresas concesionarias de transporte público de la capital, especialmente en aquellas integradas por pequeños inversionistas y operadores que confiaron su patrimonio a proyectos ligados al servicio público.
Mientras las denuncias continúan creciendo en el ámbito público, los socios mantienen su exigencia de justicia y transparencia. Los afectados sostienen que no enfrentan únicamente un conflicto empresarial, sino un posible desfalco que impactó a decenas de familias y que podría convertirse en uno de los casos más delicados dentro del sistema de transporte concesionado de la Ciudad de México.
