Por Rita Magaña Torres
El Pleno del Senado de la República respaldó, en lo general y en lo particular, la minuta que envió la Cámara de Diputados para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.
En medio de la discusión de la sesión del periodo extraordinario, el pleno del Senado autorizo licencia para separarse del cargo por solo 22 horas al senador de Morena, Enrique Inzunza Cásares.
Omar Alejandro López Campos, suplente del senador Inzunza, y ahijado del gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, rindió protesta de inmediato.
El permiso de Inzunza para dejar el cargo se dio luego de 28 días de ausencia tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener supuestos vínculos con el crimen organizado.
Así, el permiso otorgado a Inzunza concluye este viernes 29, incluso con hora de regreso a las 3 de la tarde, es decir, se separó del cargo de senador por únicamente 22 horas, para mantener el fuero constitucional una vez que concluya el periodo extraordinario.
En madrugada se registró una confrontación entre el senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, y el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, en el contexto de un intercambio relacionado con el respaldo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El incidente ocurrió luego de que Melgar Bravo le arrojara una playera con la leyenda “#YoConRocha”, prenda que, regalaron previamente a legisladores de Morena por parte de integrantes del PAN, en referencia al apoyo político hacia Rocha Moya.
El senador del Partido Verde habría encarado a Fernández Noroña para pedirle que se colocara la playera y mostrara de manera pública el respaldo que ha expresado hacia el mandatario estatal.
A lo lejos alguien le gritó a Fernández Noroña: “¡Póntela!..”.
El intercambio generó un momento de tensión entre ambos legisladores, en medio de las discusiones políticas en el Senado sobre el caso de Sinaloa y las expresiones de apoyo y rechazo en torno al gobernador con licencia.
Con 83 votos a favor y 40 en contra, el pleno senatorial avaló, con dispensa de trámites, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) en materia de “integridad en candidaturas”, a fin de establecer un mecanismo previo de verificación de perfiles de quienes aspiren a cargos de elección popular, tanto a nivel federal como local.
La reforma plantea crear una nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que será la instancia encargada de recibir de los partidos políticos —o de aspirantes independientes— los listados de personas que buscan postularse, antes de que se formalicen los registros ante la autoridad electoral.
En dicho proceso se realizará en coordinación con instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero, con el fin de elaborar análisis de riesgo sobre los perfiles de las personas aspirantes.
Las instituciones que participarían en este esquema se encuentran la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales deberán definir metodologías y criterios para evaluar la información disponible y determinar posibles riesgos asociados a actividades delictivas.
El dictamen señaló que la entrega de información por parte de partidos políticos o aspirantes independientes será voluntaria, ya sea de forma total o parcial.
Sin embargo, con base en los insumos proporcionados por la Comisión, los partidos determinarán si procede o no el registro de las personas evaluadas.
La reforma también detalla las atribuciones y reglas de operación de la nueva Comisión, la cual deberá estar integrada, instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027.
En el apartado transitorio, el dictamen establece que la operación de esta nueva estructura no implicará recursos adicionales, ya que todas las erogaciones deberán cubrirse con el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), sin posibilidad de ampliaciones presupuestales en ejercicios posteriores.
A pesar de que la mayoría legislativa defendió la reforma como un mecanismo para fortalecer la integridad de las candidaturas y reducir riesgos asociados a la infiltración del crimen o el lavado de dinero en procesos electorales, la oposición advirtió que el esquema abre la puerta a la discrecionalidad y a posibles usos políticos de los mecanismos de evaluación.
Uno de las crítica es que el modelo se basa en análisis de riesgo realizados por instancias de seguridad e inteligencia, sin establecer con claridad los límites del uso de información “indiciaria”, lo que podría generar, señalaron sus detractores, decisiones preventivas sin resoluciones judiciales firmes.
En otro momento, el Senado aprobó con 85 votos en pro y 42 en contra, y envió a los congresos estatales, para su eventual ratificación, una reforma al artículo 41 de la Constitución que establece la intervención extranjera en los procesos electorales como causal de nulidad de una elección.
Entre los principales puntos de la iniciativa destacan que se establece una nueva causal de nulidad electoral, que permitirá invalidar una elección cuando se acredite la intervención, apoyo o financiamiento de gobiernos, personas o entidades extranjeras con la intención de influir en el resultado.
Precisa que dicha injerencia deberá ser determinante para el desenlace de la votación, es decir, que su impacto haya sido sustancial en el resultado final del proceso electoral.
La reforma define como formas de injerencia extranjera:
1. El financiamiento ilícito proveniente del exterior.
2. La propaganda con origen o respaldo extranjero.
3. La difusión sistemática de desinformación.
4. La manipulación de contenidos en plataformas digitales.
5. La intervención de gobiernos u organismos internacionales o extranjeros en el proceso electoral.
En tribuna, el senador Óscar Cantón Zetina, presidente del la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que la injerencia puede ocurrir hoy mediante desinformación, financiamiento opaco o redes digitales de propaganda.
“Hoy las formas de intervención extranjera ya no son las mismas de otros tiempos, ya no siempre llegan con tropas, con embajadas presionando abiertamente o con comunicados diplomáticos. Hoy pueden llegar mediante financiamiento opaco, campañas de desinformación, manipulación digital, ciberataques, redes artificiales de propaganda o supuestas organizaciones que reciben recursos del extranjero y terminan participando directa o indirectamente en la disputa política nacional”, aseguró.
Guadalupe Murguía, del PAN, advirtió que la causal de nulidad por injerencia extranjera es vaga y discrecional, abre interpretación amplia del Tribunal Electoral.
Criticó que no distingue responsables ni beneficiarios y da plazos insuficientes a estados para armonizar leyes.
Alertó riesgo a libertad de expresión y observación internacional y puede usarse como blindaje de Morena y derivar en arbitrariedad electoral.
