Por Rita Magaña Torres
Los senadores de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativo aprobaron por mayoría la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de posponer las elecciones del Poder Judicial hasta el primer domingo de junio de 2028.
El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para los efectos legislativos que correspondan.
También se avaló establecer que la consulta de Revocación de Mandato se lleve a cabo el primer domingo de junio del próximoaño, con el objetivo de evitar que coincida con elecciones federales.
Además, los senadores en comisiones unidss dieron su voto a favor de que las y los magistrados en funciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan participar en la elección judicial de 2028.
Como parte del dictamen, también se aprobó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integre por dos secciones, las cuales sólo podrán operar con la aprobación del pleno.
Asimismo, se avaló reducir de nueve a ocho años la duración del encargo de magistrados y jueces que resulten electos en la jornada judicial de junio de 2028, por lo que concluirán sus funciones en 2036.
Sin embargo, la priista Carolina Viggiano afirmó que esta reforma representa “el fracaso absoluto” de un diseño que no ha dado resultados y concentra el poder en una élite política.
Consideró como “una mentira” afirmar que el pueblo elige a los jueces y ministros, pues los candidatos fueron definidos por grupos cercanos a Morena y se recurrió a “acordeones” para orientar el voto ciudadano.
En su oportunidad, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el Congreso incurre en “improvisación” e “inestabilidad” institucional, al modificar el modelo judicial a menos de un año de haber aprobado la reforma de 2024.
El legislador emecista señaló que la iniciativa no corrige los errores previos, sino que profundiza problemas estructurales y genera nuevos riesgos para la impartición de justicia.
Marko Cortés, del PAN, afirmó que esta reforma representa una “burla” a la voluntad popular y profundizan la politización de la justicia.
Señaló que la reforma no corrige los problemas de fondo del Poder Judicial, sino que concentra el control de la Suprema Corte en manos del oficialismo.
Por ello, adelantó que el PAN votará en contra de la iniciativa al considerar que “agrava el problema en lugar de resolverlo”.
