La próxima semana se tiene previsto que el Senado de la República discuta el paquete pendiente de la reforma electoral que, entre otras cosas, plantea la compactación y reestructuración del INE, así como la eliminación de la cláusula de “vida eterna a partidos”.
Sin embargo, desde este momento el llamado Plan B ya se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en la historia, señala una investigación de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
El documento titulado “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, apunta que, hasta el 1 de febrero pasado, se habían presentado un juicio de amparo en contra de la reforma, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores.
Así como una controversia constitucional del INE contra las modificaciones legales en materia de propaganda gubernamental.
Aunado a lo anterior, se espera que el paquete de reformas relativo a las normas electorales que será retomado por el Congreso la siguiente semana motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales, pues todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental adelantaron que harían lo mismo con las reformas a normas electorales que tocan la estructura y funcionamiento del INE.
La nota del IBD identifica que los actores inconformes de la reforma señalan principalmente violaciones al proceso legislativo y argumentan que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos e, incluso, que ponen en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.
Por otro lado, el estudio recupera algunos de los argumentos del gobierno y sus bancadas en el Congreso a favor del Plan B, en donde se encuentran aspectos como la austeridad que, según calculan, generaría un ahorro superior a los 3 mil millones de pesos en los procesos electorales.
El estudio del IBD considera que la SCJN deberá resolver constitucionalidad y validez del Plan B antes de junio de este año, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024.
Cabe apuntar que para invalidar el Plan B se requiere que una mayoría calificada del pleno de la Corte vote en ese sentido.
