En un polémico episodio que ha sacudido al municipio de San Miguel Totolapan, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero (FGJEG) ha presentado acusaciones contra el alcalde Fredy Vázquez Palacios.
De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia estatal, el edil es señalado por obstruir las labores de investigación en un caso de robo de dos camionetas, luego de que cerrara de manera ilegal las instalaciones del Ministerio Público en un intento por frenar los procedimientos judiciales.
Según el texto de la Fiscalía, un grupo aproximado de 40 personas liderado por el alcalde llegó a la Agencia del Ministerio Público y bloqueó el acceso a la misma. Con la ayuda de maquinaria pesada y una camioneta, cerraron la calle y aseguraron las puertas con cadenas y candados. Como resultado, nueve personas quedaron atrapadas en el interior del edificio.
Además de estas acciones de bloqueo, Vázquez Palacios y su grupo llevaron a cabo actos de vandalismo, lo que provocó daños a los vehículos propiedad de la Fiscalía mediante pintadas y golpes, así como ponchando las llantas de los automóviles. Incluso se reportó el daño del circuito cerrado de televisión y el corte del suministro eléctrico en las instalaciones.
Ante esto, la FGJEG sostiene que estas acciones tienen como objetivo obstruir la investigación en curso contra dos personas detenidas el día sábado 20 de mayo, acusadas por el robo de las camionetas, quienes, según informes, tienen vínculos cercanos con el alcalde. Las detenciones se realizaron luego de que los vehículos fueran encontrados con reporte de robo vigente en el Registro Público Vehicular (Repuve).
El cierre ilegal del Ministerio Público y los actos de violencia llevados a cabo por el alcalde y su grupo han sido denunciados como una clara intromisión en los procesos de justicia y una forma de favorecer a personas vinculadas a Vázquez Palacios. La dependencia ha calificado estas acciones como una represalia destinada a entorpecer su labor en materia de procuración de justicia.
Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero señaló que las investigaciones sobre el caso continúan en curso, y reafirmó su compromiso de llevar adelante los procedimientos legales necesarios para asegurar que se haga justicia y se mantenga el imperio de la ley, sin importar las influencias o posiciones de los involucrados.