El Partido Revolucionario Institucional del Estado de México fija posicionamiento en torno a la comunicación realizada por el gobierno estatal, sobre los lamentables sucesos ocurridos en Texcaltitlán, en el que murieron personas inocentes de un pueblo que fue desprotegido por la actual administración gubernamental.
Es insuficiente, porque en su mensaje el gobierno no rinde cuentas de la tardía reacción de la policía estatal, más de tres horas después de que tuvo conocimiento de las detonaciones de armas de alto poder en contra de ciudadanos mexiquenses, siendo que la policía cuenta con instalaciones cercanas a Texcalpilla, así como la nula actuación de las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional a pesar de que ambas disponen de un cuartel e instalaciones en el sur del Estado, cercanas a la zona del ataque.
Es inaceptable, ya que el gobierno no explica cómo fue posible que personas armadas sustrajeran a las que estaban heridas, a consecuencia del enfrentamiento, en el hospital de Coatepec Harinas, que debió estar asegurado por la policía del Estado de México, protegiendo a esas personas y a todas las demás usuarias del centro de salud. Inaceptable que le hayan arrebatado a esas personas resguardadas por las autoridades; es decir, que hayan sido secuestradas -que no desparecidas- por criminales, ante la inacción de la policía estatal. E inaceptable que no haya explicación y deslinde de responsabilidades por la inoperancia de las cámaras de seguridad, que deberían funcionar para proteger a la gente.
Es ingenuo el planteamiento del gobierno estatal, dado que la errática política social del gobierno federal no va a colmar el vacío de un Programa Estatal de Seguridad del que carecemos y que hasta el momento el gobierno estatal no ha presentado, como mandata la Ley de Seguridad. Ingenuo, porque todos sabemos que la presencia de las fuerzas federales, a pesar de ser permanente, no va a restablecer la seguridad, la justicia y la paz, a menos que se implemente una política integral anticriminal, capaz de blindar al Estado y con ello evitar una situación fuera de control en el ámbito de la seguridad como se vive en otras entidades del país.
Se trata de un mensaje desesperanzador, ya que refleja la incapacidad de las autoridades estatales para esclarecer los hechos, impartir justicia y garantizar la no repetición de los lamentables hechos, dejando indefensa a la población de la entidad más grande del país.
