Mientras México entra en una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC, el Acuerdo UE–Mercosur abre una discusión más amplia: cómo los tratados comerciales pueden convertirse en candados institucionales para dar certidumbre, limitar medidas proteccionistas y proteger la inversión en una región marcada por ciclos políticos cambiantes.
En América Latina, los tratados comerciales han dejado de ser únicamente instrumentos para reducir aranceles. En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, relocalización de cadenas productivas, disputas comerciales y una creciente tentación proteccionista, estos acuerdos se han convertido en algo más estratégico: mecanismos de certidumbre para inversionistas, empresas exportadoras y gobiernos que buscan blindar sus economías frente a cambios abruptos de política pública.
México vive hoy esa discusión en la actualidad. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la semana pasada se reunió en una ronda de diálogos formales con Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos de cara a la revisión del Tratado entre México, EU y Canadá.
La importancia del momento no es menor. El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y su artículo 34.7 establece que, en su sexto aniversario, es decir, el 1 de julio de 2026, los tres países deben realizar una revisión conjunta del acuerdo, evaluar recomendaciones y confirmar si desean extender su vigencia por otro periodo de 16 años.
En el papel, un tratado comercial sirve para abrir mercados. En la práctica, sirve también para limitar la discrecionalidad de los gobiernos. Cuando un país asume compromisos internacionales en materia de comercio, inversión, pagos, reglas de origen, solución de controversias o trato no discriminatorio, acepta reducir el margen para imponer barreras arbitrarias, cupos, restricciones cambiarias, licencias discrecionales o medidas de presión política contra ciertos sectores.Ese es el verdadero valor de los tratados en América Latina: no sólo abren puertas hacia otros mercados, sino que ayudan a cerrar la puerta al regreso de prácticas que históricamente han erosionado la confianza empresarial.
El caso de Argentina ofrece una lectura distinta, pero profundamente relacionada. De acuerdo con Esteban Ropolo, socio de Baker McKenzie Argentina, se plantea que el Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur podría operar como una especie de “lock in”, es decir, como una restricción estructural frente a eventuales retrocesos regulatorios en materia comercial.
La tesis de Ropolo es relevante para toda América Latina: cuando un país tiene una historia de cambios bruscos en su política económica, los compromisos internacionales pueden funcionar como una barrera frente al regreso de medidas restrictivas.
El socio de Baker McKenzie recuerda que, durante los últimos 25 años, Argentina atravesó distintos periodos marcados por regulaciones restrictivas al comercio exterior, incluyendo sistemas como DJAIs y SIRAs, limitaciones del Banco Central a pagos al exterior, controles cambiarios, derechos de exportación, incrementos de la tasa de estadística y restricciones para la repatriación de dividendos.
El Acuerdo UE–Mercosur, de acuerdo con su análisis, podría limitar la posibilidad de que un futuro gobierno argentino reinstale medidas similares, al menos en el comercio con la Unión Europea. Por ejemplo, el acuerdo exige que los regímenes de licencias de importación sean neutrales, transparentes, no discriminatorios y administrados de manera objetiva, lo que reduce el margen para utilizar licencias no automáticas como herramienta discrecional de administración comercial.
También prohíbe restricciones cuantitativas a la importación o exportación mediante cupos, licencias u otros mecanismos, lo que impactaría directamente en esquemas que, aunque formalmente administrativos, operen como barreras encubiertas al comercio.
En materia financiera, el acuerdo obliga a permitir pagos y transferencias de cuenta corriente en moneda libremente convertible, lo que dificultaría reintroducir autorizaciones previas, diferimientos forzosos o cupos para el pago de importaciones provenientes de la Unión Europea. Además, garantiza el libre movimiento de capitales vinculados con inversión directa, incluyendo la repatriación de utilidades, salvo excepciones de balanza de pagos que tendrían que ser temporales, proporcionales, no discriminatorias y progresivamente eliminadas.
El análisis también subraya restricciones en derechos de exportación, tasas de servicio y transmisiones electrónicas. En este último punto, el acuerdo prohíbe imponer derechos de aduana a transmisiones electrónicas, lo que incluye software descargable, servicios en la nube, contenidos digitales, datos, archivos, diseños, licencias digitales o claves electrónicas transmitidas en línea.
La implicación es clara: el tratado no sólo abre comercio; también disciplina al Estado.
