Los aspirantes y funcionarios municipales constituyen el 85 por ciento de las víctimas mortales de la violencia política en el país, que en el actual proceso electoral ya ha dejado 47 políticos asesinados, hasta el 25 de febrero.
De las víctimas de homicidio, 11 eran aspirantes a un puesto de elección popular, y 9 de ellas pretendían contender por un cargo municipal: 8 buscarían una alcaldía y otro ser suplente en una regiduría, mientras que las otras dos buscaban una diputación local y una federal.
Rubén Salazar, Director de la Consultora Etellekt, que por más de dos décadas ha analizado esta problemática, explicó que hay riesgo de violencia política en 13 estados.
Con riesgo muy alto están Veracruz, Guerrero y Oaxaca; con riesgo alto, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Morelos, y con un nivel medio, Chihuahua, Baja California, Sonora y Quintana Roo.
El proceso electoral 2017-2018 ha sido el más violento hasta la fecha, pues fueron asesinados 152 políticos, de los cuales 48 eran aspirantes y candidatos a un puesto de elección popular.
Estas elecciones están a punto de convertirse en las segundas más violentas, pues desde septiembre de 2020 y hasta el 25 de febrero han sido asesinados 47 políticos, y la violencia se concentra en la esfera municipal.
“Prácticamente el 85 por ciento de las víctimas, a nivel histórico, pertenecen a este ámbito de Gobierno, trátese de alcaldes, de regidores, de síndicos, hombres y mujeres, o de aspirantes a puestos de elección, incluso de militantes y dirigentes partidistas de comités directivos municipales. Sí es un tema que está enquistado a nivel local”.
Mediante correlaciones estadísticas y análisis de regresiones, Etellekt ha determinado dos principales causas de la violencia política en los municipios: los elevados niveles de pobreza, y un escaso margen entre el primero y segundo lugar en los comicios
En un principio, explicó Salazar, pensaron que una alta incidencia de homicidios dolosos entre la población, y la presencia del crimen organizado, serían factores que determinaría un elevado número de agresiones a políticos, pero no fue así.
“En los municipios donde había mayores tasas de homicidios había muy pocos casos de agresiones, y menos aún de asesinatos, en contra de políticos”.
Desde la guerra contra el narco, agregó, se han lanzado muchas afirmaciones y prejuicios para explicar muchos fenómenos a nivel local, incluida la violencia política.
Entre esas explicaciones mencionó la que propone que los narcos colocan candidatos y funcionarios en municipios, o que les interesa tomar el control de los ayuntamientos, y que el Presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en su conferencia del 25 de febrero.
Salazar recordó que si alguien ha sostenido que los cárteles no se manejan solos -que tienen o han tenido una jefatura política, como en el caso del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico- es el Presidente.
“A nivel local hay explicaciones que van mas allá de este razonamiento, que además no está fundamentado, no hay elementos estadísticos ni mucho menos evidencia empírica, o incluso ministerial, para sostener estas afirmaciones que han venido dando muchos especialistas.
“Incluso yo mismo lo explicaba así al principio, por mi limitación al principio de ese proceso electoral, hace 3 años, de no tener toda esta complejidad a nivel municipal que luego logramos construir”, reconoció Salazar.
Al no encontrar una correlación entre homicidios dolosos y presencia del narcotráfico con las agresiones a políticos, Etellekt estudió los niveles de pobreza en municipios y encontró valores de .54, en una escala donde 0 equivale a que no hay ninguna relación entre los factores, y 1, donde la causa y efecto es total.
“En los municipios en donde había un mayor porcentaje de población en pobreza, había un mayor número de agresiones y de asesinatos en contra de políticos”.
Señaló que a partir de la alternancia en el poder, primero a nivel presidencial, después estatal y finalmente municipal, se elevó la violencia por el poder político porque los diferentes grupos que quieren acceder a él ya no tienen controles, al no existir un líder que designe a los candidatos.
“Más que denominarlos como caciques, lo que vemos son grandes familias políticas a nivel local, en general son tres, cuatro o hasta cinco grandes familias que se han venido disputando el poder, o que han venido esperando con ansias esta oportunidad, que antes los mantenían a raya, pero que ahora sí le entran y compiten con todo por acceder al poder municipal.
“Porque ¿qué significa acceder al poder municipal? Significa el acceso a recursos públicos. En muchos municipios lamentablemente la única actividad económica productiva que hay es la política”, explicó el director de Etellekt.
Una contienda electoral muy cerrada también puede ser un factor que genere violencia política, con una correlación de .34.
“Encontramos una correlación mucho más alta que el tema de los homicidios, pero más baja que el tema del porcentaje de población en pobreza, pero sí fue interesante que en algunos municipios, donde este margen era muy estrecho entre el primero y segundo lugar, o donde había resultados muy reñidos, empezaban ya a suscitarse situaciones de violencia en contra de estos candidatos, lo cual ya es una señal de alerta”, resaltó Salazar.
Los ataques contra políticos a nivel municipal deben ser investigados por las Fiscalías locales, pero el problema es que no son realmente autónomas, pues responden al Gobernador de cada Estado.
Si a esto se suma que ocho de cada 10 víctimas de violencia política pertenecen a partidos opositores a los gobiernos de los Estados, el resultado es una alta impunidad, como lo demuestra el hecho de que no hay un solo detenido por los 9 casos de aspirantes a un cargo municipal que han sido asesinados.
Ante ello, Etellekt propone la creación de una Fiscalía Especial para atender los hechos de violencia en contra de políticos, para que al menos los casos más graves sean investigados por ella, se haga justicia, se evite la impunidad y se inhiban estas conductas.
ALGUNAS VÍCTIMAS
Noviembre 25
Antonio Hernández Godínez, aspirante del PRD a la presidencia municipal de Chilapa de Alvarez, Guerrero, es ejecutado por un grupo armado en su tienda de materiales, donde también tenía su oficina.
Diciembre 1
Jael Eduardo Peña Zambrano, delegado del poblado de Chimalpa, es el Municipio de Chalco, es asesinado a balazos. El homicidio al parecer está relacionado con la invasión de un predio, a la que se oponía el delegado.
Febrero 11
Fue asesinado Juan Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la presidencia del municipio Úrsulo Galván, en Veracruz.
Febrero 15
La exdiputada priista Gladys Merlín Castro y de su hija, Carla Enríquez Merlín, fueron asesinadas en su casa en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.
Febrero 24
Ignacio Sánchez Cordero, aspirante a la alcaldía de Puerto Morelos, Quintana Roo, fue asesinado tras un atentado en su contra.
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