La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, tras negarse a entregar documentación para justificar el uso de 898 millones de pesos del presupuesto federal correspondiente a la cuenta pública de 2023.
La morenista fue notificada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) para fiscalizar recursos federales de 2023 por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Sin embargo, López Rodríguez señaló que esta auditoría viola sus derechos porque, asegura, la ASE no puede auditar recursos federales.
La denuncia fue presentada por la ASE, que acusa a la edil de Morena de no proporcionar la información relativa al uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), así como participaciones de los Ramos 33 y 38.
En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui García, sostuvo que desde el Congreso del Estado, no se ha marcado línea alguna para perseguir políticamente a la alcaldesa Abelina López Rodríguez a través de la fiscalización, ya que la rendición de cuentas es una obligación.
El diputado, aludió a lo dicho por la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que es una obligación la comprobación de recursos públicos; coincidió en que la fiscalización es un proceso absolutamente técnico que realiza la Auditoría Superior del Estado (ASE), que es un órgano auxiliar del Congreso.
“Hay que decirlo muy claro y con todas sus letras, este no es un tema político, no hay ninguna línea marcada dentro de esta planeación que realiza la Auditoría Superior del Estado, no participamos ni como partido, ni como presidente de la Junta de Coordinación Política, en ninguna asignación de auditorías”, sostuvo.
