Jueces, magistrados, personal de la dirección general de Gestión Administrativa, Centros de Justicia Penal y funcionarios de mando superior utilizan vehículos sin garantía de protección vigente.
Se trata de al menos 149 vehículos oscilan entre los años 2010 y 2017, cuyas garantías en temas de blindaje han caducado y que son utilizados por funcionarios del Poder Judicial para desempeñar sus actividades jurisdiccionales de manera adecuada
De acuerdo con distintas normas nacionales e internacionales, la vida útil de un blindaje es limitada, por lo que su efectividad, para resistir embates de la delincuencia, disminuye por el uso del vehículo, cambios de temperatura y por el paso del tiempo.
Las garantías habituales de estos automóviles van entre los cinco años para blindaje opaco (partes internas como postes, techo, puertas) y tres años para el transparente (cristales, generalmente de polímero), por lo que todos los vehículos blindados del Poder Judicial se encuentran fuera de la norma y al poner en riesgo su eficacia y resistencia balística ante un eventual ataque.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal, ha acatado los acuerdos en materia de austeridad y retiro de medidas de seguridad a servidores públicos, al disminuir las unidades blindadas de 234 vehículos en 2019 a 149 en 2022, mismas que no necesariamente cumplen su función de manera adecuada respecto a la durabilidad de los materiales, mecánicas, y, específicamente, de protección.
En tanto, resulta relevante considerar que el costo-beneficio en caso de rehabilitar el parque vehicular, por regla general se establece un periodo de vida útil de cinco años y un porcentaje de depreciación del 20 por ciento anual, lo cual supera los parámetros razonables para el reacondicionamiento.
