La Magistrada Estela Fuentes Jiménez, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y la Magistrada Luz María Armenta León, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Tabasco, firmaron este jueves un importante convenio de colaboración tecnológica que fortalecerá la impartición de justicia administrativa en ambas entidades federativas.
Durante la ceremonia de firma, la Magistrada Fuentes Jiménez destacó que este acuerdo trasciende la formalidad documental para convertirse en un compromiso personal de ambas instituciones por mejorar permanentemente el servicio que brindan a la sociedad.
“La suscripción de un convenio institucional no puede constreñirse a la frialdad de las firmas estampadas en los documentos; significa siempre algo más que involucra el compromiso personal de quienes intervenimos en un proceso de interrelación entre personas que deben aportar su empatía y su pasión por servir a los justiciables”.
Digitalización al servicio de los justiciables
El convenio se enmarca en el esfuerzo nacional por impulsar los avances tecnológicos y la digitalización, en línea con las reformas constitucionales que establecen las bases para el proceso de transformación tecnológica del país.
“El convenio que ahora firmamos se inscribe en el esfuerzo nacional en favor de los avances tecnológicos y la digitalización. La Presidenta Claudia Sheinbaum impulsó vigorosamente la reforma constitucional que establece las bases para el proceso de transformación tecnológica”.
“Todo progreso en el mundo está vinculado al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La digitalización cumple una función esencial en las tareas públicas”, explicó la Magistrada Fuentes Jiménez.
El acuerdo tiene como objetivo principal establecer las bases de apoyo para desarrollar proyectos y programas relacionados con la capacitación, coordinación y estructuración en materia de Tecnologías de la Información, con el fin de mejorar el acceso a la justicia y facilitar la tramitación de causas para los ciudadanos.
Entre los beneficios que contempla el convenio se encuentran:
• Mejoramiento del acceso a la justicia mediante herramientas tecnológicas
• Optimización de la calidad de información producida en audiencias
• Establecimiento de mecanismos que agilicen la presentación de demandas y promociones
• Facilitación de consultas de notificaciones electrónicas y acuerdos judiciales
• Intercambio de asesoría técnica e informática entre ambos tribunales
• Coordinación de actividades académicas de investigación y capacitación
Justicia administrativa: defensa del ciudadano frente al abuso de autoridad
Durante su intervención, la Magistrada Fuentes Jiménez reafirmó la misión fundamental de la justicia administrativa como protectora de los derechos ciudadanos.
“La justicia administrativa defiende al pueblo frente al autoritarismo arbitrario. Cuando las autoridades administrativas se exceden en su función, cuando imponen una multa sin fundamento, ahí están los tribunales de justicia administrativa para defenderlos”.
“Esta justicia se basa en el principio de que David puede vencer a Goliath. La honda que emplea el débil en el marco de la justicia administrativa es la posibilidad de demandar a la autoridad ante los tribunales que están prestos a corregir esos abusos”, expresó.
La Presidenta del Tribunal capitalino subrayó que la justicia administrativa hace efectivo el derecho humano a la buena administración pública, “una de las conquistas más recientes del movimiento en pro de la progresiva ampliación de los derechos humanos”.
Combate a la corrupción desde los tribunales administrativos
La Magistrada Fuentes Jiménez destacó también la función sancionadora de los tribunales administrativos en el combate a la corrupción.
“Una de nuestras facultades como Magistradas y Magistrados de estos tribunales es la de aplicar sanciones a quienes violan el derecho humano a la buena administración o llegan a incurrir en actos de corrupción”, afirmó.
Explicó que la corrupción puede ser eficazmente combatida desde los tribunales administrativos mediante la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual contempla sanciones tanto para funcionarios públicos como para particulares que se involucren en faltas administrativas graves.
“El papel que juegan nuestros tribunales es vital para la buena marcha de los servicios que la sociedad debe recibir de parte de los funcionarios públicos y para el buen prestigio y credibilidad de la función pública en general. El convenio entre nuestras instituciones se orienta a perfeccionar prácticas y procedimientos para conseguir una actuación más eficaz, oportuna y socialmente satisfactoria”, concluyó la Magistrada Fuentes Jiménez.
