Contra Luis Antonio García Calderón, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó una denuncia por presuntamente favorecer a empresas que no cumplieron los requisitos técnicos solicitados en el proceso de contratación de limpieza LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025.
Desde la primera semana de agosto, la Oficialía de Partes registró el escrito en el que se expone que García Calderón habría instruido a las funcionarias del Área de Responsabilidades del OIC, Janet Citlali Ramírez y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, para orientar el fallo hacia la propuesta presentada en conjunto por Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales y Aseo Privado Institucional.
La falta de soporte financiero obligatorio figura entre los señalamientos centrales. “La documentación presentada no está completa, pues la misma no adjuntó ni contiene los estados financieros que la integran y que marca la ley para poder considerar el documento solicitado como completo”, se indica en el documento entregado a la autoridad.
De acuerdo con la ACUEC, a solicitud de las compañías señaladas se repitió el fallo sin ejecutar una nueva evaluación legal ni técnica; esa decisión, sostiene la organización, representó una ventaja indebida para las proveedoras de servicios de limpieza.
Como antecedente, en versiones previas del concurso el ISSSTE había desechado la propuesta de Armot Seguridad Privada con base en el inciso I) del numeral 10.15, que prevé el rechazo por información que genere inconsistencias o dudas sobre la prestación del servicio, al señalar que la cotización no contemplaba costos indirectos de insumos, maquinaria ni equipo para el personal.
El registro histórico de licitaciones consigna además que la propuesta de Armot el año pasado resultó mil 336 pesos más alta que la presentada en 2025.
La ACUEC pidió que, “una vez comprobada la manipulación dolosa en que incurrieron los funcionarios responsables”, se apliquen sanciones administrativas. Además, solicitó una investigación sobre la situación patrimonial de los servidores públicos involucrados para determinar si existió la recepción de algún beneficio económico.
