A pesar de las directrices establecidas en la Ley de Puertos, que señala que las concesiones portuarias deben otorgarse a través de concursos públicos, las autoridades yucatecas evalúan la posibilidad de tomar una adjudicación directa del gobierno federal para expandir y modernizar el puerto Progreso.
Este desarrollo se produce después de que el Congreso Estatal autorizó un fondo de hasta 3 mil millones de pesos en mayo para este emprendimiento, que incluye trabajos de dragado, relleno y la edificación de una nueva plataforma, con la intención de potenciar la capacidad del puerto.
Un comunicado de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal revela que “se ha dado luz verde al plan presentado por el Gobierno Estatal, que propone destinar recursos en los años fiscales 2023 y 2024 para financiar la expansión del Puerto de Altura de Progreso y otras obras asociadas, con un monto que asciende a 3,063 mdp”.
Sin embargo, esta decisión enfrenta cuestionamientos en términos de legalidad y competencia económica. Desde 1993, bajo el amparo de la Secretaría de Marina (SEMAR), el Sistema Portuario Nacional ha operado en su mayoría bajo la administración federal, conforme a la Ley de Puertos.
Las acciones propuestas por el gobierno de Yucatán, que implicarían la administración del puerto a través de una entidad estatal específica, han generado dudas sobre su alineación con la normativa actual. Especialistas en el sector indican que la normativa es explícita en señalar que las concesiones se deben otorgar por medio de concursos públicos, lo que descalifica la adjudicación directa.
El reglamento señala: “Las concesiones mencionadas en este apartado se otorgarán a través de concurso público”.
Es esencial recordar que, según el artículo 3 de la Ley de Puertos, todos los aspectos relacionados con la gestión y operatividad portuaria recaen en la jurisdicción federal.
La relevancia de una correcta gestión portuaria es esencial para el progreso económico y logístico de México, en especial considerando la eficiencia en el manejo de contenedores y la carga y descarga de navíos.
Ya se observan movimientos similares en puertos como Tampico, Altamira, Veracruz y Manzanillo, lo que podría ser un indicador de cambios más amplios en el panorama portuario nacional. Es fundamental reconocer que la transparencia y certidumbre legal han sido claves para atraer inversiones privadas, las cuales constituyen más del 80% del financiamiento total en la infraestructura portuaria del país.
