El diputado del PAN, Luis Alberto Mendoza Acevedo, formalizó hoy una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que atraiga, persiga y desintegre los nexos palpables de corrupción entre las empresas de la familia Bartlett y la 4T.
El legislador afirmó que acudieran a la ASF ante la reducida institucionalidad y la agotada credibilidad en la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
De acuerdo a la querella firmada por el el legislador federal Luis Mendoza Acevedo, así como por los diputados locales Federico Döring Casar y Héctor Barrera Marmolejo, se asume que el Director del IMSS, Zoé Robledo y la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, beneficiaron al empresario Manuel Bartlett junior, a través una compra millonaria de ventiladores para pacientes de coronavirus.
“Lo compra configura un posible conflicto interés hacia Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, quien, gracias a su cargo en el gabinete de Andrés Manuel, benefició bajo plena consciencia a la empresa de su hijo”, precisó el legislador.
A dicha hipótesis llegaron los legisladores de Acción Nacional, quienes decidieron acudir a la ASF, estancia a cargo del auditor David Colmenares Páramo, con objeto de tener una fiscalización exacta, estricta y objetiva en contra de Zoé Robledo y de Manuel Bartlett papá.
“No vemos condiciones de mantener el caso en manos de la Secretaria de la Función Pública, quien ha sido omisa de ejercer mano dura en contra de su compañero de gabinete y amigo personal del presidente de la República”, dijo.
La denuncia señala que de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, con base al dictamen técnico jurídico que emitan las áreas competentes, puede autorizar la revisión de la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del IMSS y otras áreas de salud involucradas.
En particular, a lo relativo a la celebración de los contratos asignados por medio de los procedimientos por adjudicación directa detallados en la presente denuncia.
Además, se solicita a las entidades fiscalizadas antes referidas, proporcione la información que la Auditoría Superior de la Federación les solicite, para el adecuado desahogo del proceso de revisión y una vez concluida, se promuevan las acciones que, en su caso, correspondan para fincar responsabilidades.
Mendoza Acevedo, Döring Casar y Barrera Marmolejo coincidieron en que las sanciones van desde administrativas, penales y políticas, esto, conforme lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás legislación aplicable.
“Apelamos por una indagatoria sin conspiración hacia terceros, pero si actuando con la legalidad que tanto reclama una sociedad lastimada por los excesos de funcionarios que han hecho tropezar el avance del país con sus errores al cobijo del Movimiento Regeneración Nacional”, finalizó.
