Ciudad de México, 03 de agosto de 2019.- El líder del Sindicato Nuevo Jalisco, Raúl García Lupercio entregó un oficio al fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar para que investigue la presunta asignación irregular de 221 plazas de base dentro del municipio de Guadalajara, que encabeza Ismael del Toro.
En el oficio con fecha 24 de julio, el sindicato expone que…
“todas esas plazas fueron otorgadas de manera irregular, ya que en este municipio contamos con un Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón para los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Guadalajara”.
Señala que el reglamento “ha sido violentado debido a que no se ha realizado ninguna convocatoria para los compañeros de base puedan subir de nombramiento y por ende de condiciones laborales y económicas favorables para sus familias”.
Raúl García refiere que existe inconformidad entre el personal de base “por estos actos realizados en contra de sus derechos laborales”, avalados por el secretario general del Sindicato de Servidores Públicos en el Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Públicos Descentralizados, José Miguel Leonardo Cisneros.
“El secretario en cuestión (Miguel Cisneros) por ser el mayoritario se ostenta como el que tiene el derecho a firmar el otorgamiento de las plazas, pagando favores, sin embargo, las mismas han sido otorgadas de manera directa y sin concurso, conforme lo dicta el reglamento”, menciona Raúl García en el escrito.
Pide al fiscal Anticorrupción que investigue cómo se otorgaron las plazas…
“y si no fueron entregadas conforme a derecho, entonces que se sometan al Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón y Capacitación, para que todos los compañeros que tengan la capacidad y antigüedad requerida puedan ascender a las mismas”.
El pasado miércoles 31, la Fiscalía Anticorrupción envió el asunto a la Agencia 2, bajo el número de expediente 593/2019.
En una búsqueda que se realizó a la nómina que se publica en el portal de transparencia se encontró que desde que comenzó la presente administración municipal fueron dados de alta 2 mil 598 trabajadores. A detalle, 240 fueron de base, 756 son supernumerarios y 1602 de confianza.
En entrevista, Raúl García explicó que se presentó la denuncia luego que detectaron la entrega de plazas de base forma irregular a personas que no tienen el perfil para el puesto, ni vocación de servicio.
Consideró que esos nombramientos irregulares son un pago por haber ayudado a Leonardo Cisneros en su campaña de reelección y la del propio presidente municipal.
“En Proveeduría se detectó que a dos personas, parientes de personal de Parques y Jardines que les dieron dos plazas de cotizadores y nosotros tuvimos que cerrar la dependencia para que se echaran para abajo esas plazas” y ahora “se van a escalafonear”, refiere el líder del sindicato Nuevo Jalisco del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara.
Dijo que es injusto que se entreguen plazas sin respetar a la Comisión de Escalafón y Capacitación, puesto que hay personas que esperan desde hace una década, o hasta 20 años, la oportunidad para competir por un mejor cargo.
Tampoco se respeta el artículo 13 de la Condiciones Generales del ayuntamiento de Guadalajara que contempla que las bases de los jubilados deberán ser ocupadas preferentemente por familiares en primer grado, siempre y cuando reúnan el perfil, así como los requisitos que emita la Comisión de Escalafón. Además, se menciona que deberá contar con la aprobación del sindicato mayoritario, en conjunto con la dirección de Recursos Humanos del municipio.
“Hay en el Tribunal como unas 20 demandas de plazas que ya entregaron, y el sindicato mayoritario no quiere entregar las plazas a las personas, argumentando que no están en su sindicato. Ahí no dice en las condiciones que debes de ser miembro o afiliado al sindicato mayoritario”, lamenta García.
Exige que funcione realmente la Comisión de Escalafón y que se detenga la venta las plazas, cuyos precios oscilan en 25 mil, 50 mil y hasta 75 mil pesos, como le han comentado algunos trabajadores del municipio que no se atreven a denunciar por temor a represalias.
Con información de Proceso.
