La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha finalizado una investigación en la que determinó que no existen pruebas que acrediten un caso de acoso en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), luego de que se difundieran acusaciones en medios sobre una presunta situación de hostigamiento.
La denuncia fue presentada por Giovanna Perales, quien trabajó en la institución, pero la CNDH indicó que la exfuncionaria se negó a someterse a una prueba pericial en psicología, lo cual impidió avanzar con la investigación.
“Del análisis practicado al escrito y de la evidencia obtenida, se advirtió que no existen elementos que acrediten las violaciones a los derechos humanos, aunado a su negativa expresa a someterse a la prueba pericial en psicología ante este Organismo Nacional, a fin de poder continuar con la presente investigación y estar en posibilidad de allegarnos de elementos probatorios suficientes y poder valorarlos en su conjunto, de conformidad con los artículos 39 fracción III, IV y 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, se lee en el veredicto del expediente CDNH/6/2024/6129/Q, concluido desde el 28 de junio pasado.
El dictamen, firmado por María del Carmen Ojesto Martínez, directora General Encargada de Despacho de la Sexta Visitaduría General, señala que no hubo denuncias previas ante el Comité de Ética o el Órgano Interno de Control de la Profeco, lo que dificulta acreditar omisiones por parte del personal. Asimismo, se destacó que el análisis de la evidencia no reveló violaciones a los derechos humanos.
Según el titular de Profeco, David Aguilar Romero, los cargos y funciones reportados por Perales no coinciden con la realidad. La denunciante había estado adscrita a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos de la Subprocuraduría Jurídica como Jefa de Departamento “C” bajo un contrato eventual. Posteriormente, fue transferida a la Coordinación General de Educación y Divulgación en mayo de 2023, donde mantenía una relación laboral descrita como cordial y profesional.
El conflicto habría surgido cuando Perales solicitó una reasignación para conservar su puesto, lo que inicialmente fue atendido. Sin embargo, a principios de 2024, Perales renunció a su cargo en la Oficina de Mejoramiento Operativo de la Dirección General de Oficinas de Defensa del Consumidor.
Aunque firmó un contrato por honorarios hasta marzo de ese año, se presume que envió mensajes inapropiados en un intento por extender su empleo hasta junio de 2024.
Ante la negativa de la Profeco de prolongar su contrato debido a incumplimientos en sus funciones, Perales fue cesada, junto con otras 25 personas cuyos contratos también habían concluido.
CNDH detalló que ante las posibles faltas administrativas que pudieran ser únicamente de carácter administrativo, se dio vista al OIC de Profeco para iniciar las indagaciones correspondientes.
