Con el reciente nombramiento de Emilia Esther Calleja Alor como futura directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), varios funcionarios cercanos a ella, señalados por corrupción y acoso, buscan mantener su influencia dentro de la empresa.
Entre estos se encuentran Adrián Olvera Alvarado, director general de la Empresa Subsidiaria de Generación V; Rubén Cuevas Plancarte, director corporativo de Administración; y Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa, quienes han sido objeto de diversas acusaciones, incluyendo la propia Calleja Alor.
Adrián Olvera Alvarado es uno de los funcionarios que más controversias podría generar en la próxima administración. Su gestión es criticada por el mal manejo de las crisis de apagones en el país y por denuncias de acoso laboral y sexual presentadas por subordinadas desde 2020. Además, existen vínculos personales con Calleja Alor, como la contratación de su esposo en un cargo en el área de compras de la Empresa Productiva Subsidiaria Generación V, donde genera un sueldo de más de 27 mil pesos netos.
La CFE intentó defenderse de las acusaciones, emitiendo un comunicado en el que las calificaba como “absurdas y sin comprobar”, sin embargo, documentos revisados en plataformas de transparencia y reportes de acceso a documentos oficiales confirman la existencia de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Función Pública, y la misma CFE, que validan las denuncias contra estos funcionarios.
Rubén Cuevas Plancarte, otro de los nombres mencionados, fue acusado de chantajear a otros funcionarios y contratistas, presuntamente utilizando grabaciones secretas para obtener beneficios. También se ha reportado que Cuevas solicitaba pagos para facilitar reuniones con el aún director de la CFE, Manuel Bartlett, en complicidad con Xchel Oscar Arias, secretario particular de Bartlett.
Por su parte, Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa, quien se señala por supuestamente recibir lujos pagados por proveedores y liderar campañas publicitarias de alto costo e ineficaces. Su permanencia en la próxima administración también está en duda debido a estos señalamientos y su cercanía con Calleja Alor.
La propia Emilia Calleja Alor no está exenta de acusaciones. Un documento presentado en julio ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la CNDH la acusa a ella y a Gerardo Gallardo Gutiérrez, superintendente de la Central Termoeléctrica Salamanca, de crear un ambiente laboral tóxico que habría puesto en riesgo la vida de una empleada embarazada.
La presión sobre Claudia Sheinbaum y su equipo de gobierno aumentará conforme se decidan las posiciones estratégicas dentro de esta empresa estatal clave para el país.
