Por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, José Luis Moyá Moyá fue detenido este 21 de octubre por las autoridades judiciales de la CDMX, quienes lo trasladarán en las próximas horas a uno de los reclusorios de la capital.
La acusación de lavado de dinero fue una de las razones que llevaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a anunciar, en marzo de 2023, que realizaría una investigación completa sobre Moyá Moyá.
Distintas pruebas que implicaban transacciones millonarias en la familia de José Luis Moya fueron expuestas en un video que apareció en redes sociales (https://www.youtube.com/watch?v=UeOMlGqEH-I), donde se observaba a su madre manejando cantidades no acordes con su trabajo.
Rosa María Moyá, una mujer de 87 años, según los autores del video, transfería grandes sumas de dinero, a pesar de no tener ninguna actividad empresarial conocida. Según lo mencionado en el video, solo en el año 2020, habría gastado más de 11 millones de pesos.
Los movimientos bancarios reflejaron transferencias de millones de pesos sin justificación aparente, a pesar de que su única actividad económica declarada era el trabajo doméstico. Entre 2019 y 2021, se presume que habría transferido 5 millones 248 mil 957 pesos en siete operaciones a Luis Ceferino Macías Noguera, su supuesto yerno. El origen de estos recursos es desconocido.
Con fines de extorsión, José Luis Moyá Moyá dirigió su atención hacia funcionarios, políticos y empresarios, al utilizar la transparencia en México para recopilar información sensible durante los últimos 15 años.
Interpuso 700 recursos de revisión y, desde 2002, realizó más de mil cien solicitudes al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Además, simuló ser asesor de funcionarios públicos para obtener información privilegiada y lucrar con ella.
La llegada de José Luis Moyá a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México se dio por recomendaciones hechas a Salvador Abascal Carranza, quien en ese momento presidía la Comisión de Hacienda y lo contrató como uno de sus colaboradores.
A fin de denunciar supuestas irregularidades administrativas, como la compra de flotillas de vehículos y equipo de oficina con precios inflados, en agosto de 2003, este individuo se presentaba como secretario particular del asambleísta, al lograr introducirse engañosamente en dependencias tanto federales como locales.
Tras haber descubierto las acciones mencionadas, Salvador Abascal optó por separarse de dicho individuo y advirtió que este operaba de manera independiente. Moyá reaccionó demandándolo por daño moral, al exigir 10 millones de pesos, aunque el juicio terminó en su contra.
Isabel Miranda Wallace, de la asociación Alto al Secuestro, denunció en 2006 a José Luis Moyá por extorsión y difamación, según lo indicado por la prensa, que señalaba que Moyá solicitaba dinero para no perjudicar la imagen pública de la afectada.
