Una acusación surgió en torno a Juan Carlos Del Río González, ex candidato a la gubernatura de Campeche por Acción Nacional y empresario vinculado a la proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex), Ingenieros Electrónicos Civiles y Eléctricos. Junto a su hermano Ernesto Joaquín Del Río González, se les señala por presuntamente operar una red destinada a estafar a contratistas de la empresa estatal, con la supuesta complicidad de jueces locales.
La denuncia, que ha sido presentada ante diversas autoridades, incluyendo al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, también menciona a Fabiola del Carmen Guerra Abreu, jueza Tercera del Sistema de Justicia Penal en Campeche. Se le acusa de ser parte de esta red criminal que ha aprovechado la crisis de pagos en el sector energético.
Según el documento presentado, Juan Carlos Del Río lidera una organización que utiliza tácticas de extorsión. Su modus operandi incluye la falsificación de órdenes de compra y la presentación de facturas fraudulentas ante Pemex. Además, se menciona que inicia litigios penales y ejerce presión legal sobre las empresas afectadas, exigiendo pagos por servicios que nunca fueron prestados.
La denuncia solicita una investigación exhaustiva no solo contra los hermanos Del Río, sino también contra la jueza Guerra Abreu. Se exige que se tomen acciones legales y administrativas adecuadas, garantizando un proceso libre de interferencias políticas. Asimismo, se pide una auditoría integral a los contratos otorgados por Pemex a las empresas vinculadas con los denunciados.
Juan Carlos del Río tiene participación en al menos 19 empresas adicionales, entre ellas Aquaservices del Golfo y Grupo Constructor del Carmen. En noviembre de 2024, el ex miembro del PAN afirmó que Ciudad del Carmen estaba al borde del colapso debido a los retrasos en los pagos por parte de Pemex. Sin embargo, se destaca que su propia empresa ha estado involucrada en múltiples litigios contra otras compañías.
La jueza Guerra Abreu ha sido objeto de críticas por sus decisiones judiciales previas. Recientemente, fue cuestionada por no vincular a proceso al ex director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Carmen y a 16 custodios acusados de abuso de autoridad. Esta situación ha sido calificada como un revés significativo para la Fiscalía Anticorrupción.
A pesar del contexto adverso, Pemex Exploración y Producción otorgó un contrato significativo a la empresa de Del Río en marzo de 2024 por más de 52 millones de pesos para la adquisición de coples magnéticos para motobombas. Este hecho añade otra capa de complejidad al caso y resalta las preocupaciones sobre la transparencia en las operaciones contractuales dentro de Pemex.
