Un grupo de ciudadanos pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) a retomar las indagatorias contra Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por su presunta implicación en actos de corrupción relacionados con la concesión de penales federales durante la administración de Felipe Calderón. Estas concesiones, otorgadas a empresas privadas, han sido señaladas por generar sobrecostos significativos en la construcción y operación de centros penitenciarios de alta seguridad.
La solicitud se basa en que, aunque un tribunal federal cerró el caso contra 16 exfuncionarios del sistema penitenciario debido a la prescripción de los delitos, el proceso contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, sigue en curso.
García Luna fue condenado en octubre de 2024 a más de 38 años de prisión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
Los contratos en cuestión fueron suscritos en 2010 y 2011 con compañías como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, por casi 270 mil millones de pesos, con el objetivo de desarrollar infraestructura penitenciaria con capacidad para albergar a 20 mil reclusos.
Entre los funcionarios que libraron la imputación debido a la resolución judicial destacan el General Sergio Alberto Martínez Castuera, así como sus antecesores, el General Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra.
También quedaron exentos de responsabilidad Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, exdirectores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, además de los excoordinadores de centros federales Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.
A esta lista se suman Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor; Arturo Sosa Viderique, exdirector de Administración; Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones de la SSP; Miguel Vital Hernández, director General Adjunto de la Dirección General de Administración; Alma Delia Sánchez Ocampo, ex directora de Adquisiciones; Raúl Gerardo Lemus Soto, director de Apoyo Operativo, y María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.
Durante 2010 y 2011, Montaño Fernández, Sosa Viderique y Villarreal Gutiérrez firmaron los contratos originales, mientras que el resto de los exfuncionarios fueron involucrados por haber suscrito un total de 76 convenios.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido ninguna postura sobre la solicitud de reapertura del caso.
