Una administración marcada por desajustes en sus políticas, carencias en la atención social y problemas administrativos ha llevado a Tultitlán a una crisis de gobernabilidad bajo el gobierno de Ana María Castro Fernández, quien ocupa la presidencia municipal desde el 1 de enero pasado, según señalan habitantes inconformes con el deterioro de su calidad de vida.
Desde su llegada al gobierno local, Ana María Castro, ha enfrentado múltiples cuestionamientos por decisiones controversiales que no han sido bien recibidas por la comunidad. Uno de los casos más mediáticos fue la imposición del nombre “Cuarta Transformación” a una colonia del municipio sin previo aviso o consulta a los vecinos.
A pesar de que el gobierno municipal argumentó que la medida buscaba regularizar la zona afectada por disputas ejidales, los residentes denunciaron que la decisión se tomó de manera unilateral, sin explicar el impacto que tendría en los trámites oficiales y, sobre todo, sin informar a los habitantes, lo que generó un fuerte rechazo social.
A esta controversia se suman otras preocupaciones relacionadas con la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos. Desde que Ana María Castro asumió la presidencia municipal, ha adjudicado contratos por un monto total de 72.7 millones de pesos, la mayoría de ellos a través de adjudicaciones directas o licitaciones en las que solo se presentó un único competidor.
Tultitlán atraviesa también una profunda crisis económica y social. Según el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago, publicado en 2025, el 42% de la población del municipio vive en condiciones de pobreza, y un 18.4% de los habitantes sufren carencias sociales significativas.
La situación es aún más grave en áreas como salud y vivienda, pues solo el 1.6% de la población, 8 mil 748 personas, tiene acceso a servicios básicos de vivienda.
Otro grave problema que enfrenta este municipio mexiquense, de acuerdo a las mismas autoridades del gobierno de Delfina Gómez, es que han recibido reportes de empresas que comienzan a trasladar sus plantas productivas a otras entidades al no existir certeza jurídica, lo que ocasiona pérdida de empleos y afecta la calidad de vida de los habitantes.
En 2024, el presupuesto destinado al agua potable fue de 34 millones de pesos, una cifra que representa una disminución de 23 millones respecto al año anterior. Mientras tanto, el presupuesto para alcantarillado y electrificación fue cero en 2023 y 2024.
Además, la violencia y la inseguridad son otros factores que agravan la situación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 87.3% de la población del Estado de México considera que vivir en la entidad es inseguro, y Tultitlán no escapa a esta realidad. El municipio se encuentra dentro de la Alerta de Violencia de Género desde 2015, y, a pesar de que se incluyó a Tultitlán en los 50 municipios prioritarios para la seguridad, los índices de delitos como robo de vehículos o las lesiones dolosas siguen siendo alarmantes.
