Por candados en las bases que limitan la libre participación y por la baja asistencia de empresas en la etapa técnica del proceso, la licitación del “Servicio integral para la conservación de instalaciones (jardinería, fumigación y limpieza especializada)” en la Cámara de Diputados ha generado cuestionamientos entre proveedores y fuentes internas.
El 17 de octubre de 2025 sólo tres empresas asistieron a la visita obligatoria: Racso Proyectos Industriales, S.A. de C.V.; Soluciones Tecnológicas Integrales para la Salud Hersan, S.A. de C.V.; y WILK, S. de R.L. de C.V.
Dicho recorrido fue encabezado por Lucero Estrella Martínez Martínez, subdirectora de Licitaciones y Concursos, con el fin de mostrar a las compañías las áreas donde se prestarán los servicios.
La inclusión de la licencia sanitaria de Cofepris y de cinco certificados de competencia laboral EC0146 en manejo de plagas urbanas figura entre los requisitos inusuales señalados por fuentes cercanas al proceso HCD/LXVI/LPN/05/2026. Para especialistas consultados, estos criterios restringen la participación y podrían beneficiar únicamente a empresas con experiencia previa en el recinto legislativo.
En torno a las aspirantes, fuentes del sector sostienen que solo Racso Proyectos Industriales, S.A. de C.V. tendría posibilidades reales de obtener el contrato, empresa vinculada a la familia Sanromán y relacionada con firmas como Joad Limpieza que han operado previamente en el recinto.
Una relación cercana entre el diputado morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y la familia Sanromán es mencionada por versiones internas, que añaden que sus operadores estarían interviniendo directamente en el proceso actual.
En contraste con los valores que impulsa la dirigencia nacional del partido, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, honestidad, transparencia y servicio público, este señalamiento contra el coordinador de la bancada de Morena se enfrenta a los pilares del movimiento que postula “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.
Conforme a los criterios técnicos y económicos fijados por la Dirección de Adquisiciones deberá resolverse la licitación; sin embargo, en caso de detectarse irregularidades o denuncias durante la adjudicación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrían intervenir.
