Los hermanos César Alejandro y Diego Alberto Reyna Carrillo, hijos de la presidenta municipal de Cuautitlán, Juana Carrillo Luna, aparecen de manera reiterada en reportes de medios como El Sol de México y testimonios ciudadanos que los vinculan con estructuras señaladas por presunta corrupción en obras públicas y desarrollo urbano en la región.
César Alejandro, con trayectoria en la Agencia Nacional de Aduanas de México durante la gestión de Horacio Duarte, mantiene un perfil político-administrativo que se encuentra bajo observación. Su hermano Diego Alberto ocupa actualmente la presidencia del DIF municipal de Cuautitlán, aunque antes estuvo al frente de la Secretaría Técnica de la Oficina de Presidencia en Tultitlán, en el gobierno de Elena García Martínez.
Tras su salida, dicho cargo quedó en manos de Erick Vega Chavarría, señalado como cercano a Diego y hoy coordinador general de la Oficina de Presidencia en Tultitlán bajo la administración de Ana María Castro Fernández.
De acuerdo con testimonios citados en medios como Penínsular MX y Diario Basta la relación entre César Alejandro, Diego y Erick derivó en un esquema que se extiende entre Cuautitlán y Tultitlán. Según las versiones, éste consiste en frenar obras privadas de constructoras y naves industriales hasta que se realicen aportaciones millonarias que se justifican como ingresos municipales destinados a infraestructura.
El portal Quadratín menciona que, aunque los montos se registran formalmente como recursos públicos, la adjudicación de proyectos termina favoreciendo a empresas vinculadas con los operadores, cerrando un proceso difícil de rastrear por entes de fiscalización.
El señalamiento sobre nepotismo ha generado críticas al interior de Morena, partido que llevó a Juana Carrillo a la alcaldía, donde diversos actores han expresado preocupación por la concentración de posiciones en manos de familiares y colaboradores.
No se han reportado investigaciones judiciales en curso; pese a ello, los cuestionamientos se intensifican con los antecedentes de César Alejandro, quien en 2022 fue acusado de manipular el semáforo aduanero para facilitar un esquema de extorsión a importadores y agentes aduanales, de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que en su momento publicó SinEmbargo.
Aunque el caso llegó hasta la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la República abrió indagatorias, los funcionarios fueron únicamente removidos de sus cargos. Para voces locales, este historial refuerza la percepción de concentración de poder y opacidad en la gestión regional.
