Por Rita Magaña Torres
La titular de la Secretaría Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, entregaron este miércoles a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, la iniciativa presidencial para aplazar hasta el 4 de junio de 2028 la elección del Poder Judicial.
La responsable de la política interna del país llegó a la Cámara de Senado y fue recibida por Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, momentos después la alcanzó Luisa María, a fin de hacer la entrega oficial del proyecto impulsado por el gobierno federal.
De esta forma se prevé que en la sesión de la Comisión Permanente de este jueves se haga la convocatoris a un periodo extraordinario en la Cámaras de Diputados y el Senadora a partir del próximo 27 de mayo, para aprobar la iniciativa de aplazamiento de la elección judicial antes del 3 de junio.
Para ello, se requiere el aval de al menos 17 congresos estatales, luego la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor de manera inmediata.
La elección judicial podria coincidir con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial, prevista en el artículo 35 constitucional.
Además del cambio de fecha de la elección judicial, la iniciativa plantea modificaciones en el sistema de selección de los candidatos.
En la elección de 2028 se renovarían:
* Cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
* 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito.
* 385 jueces de distrito.
* 424 magistraturas locales.
* 2 mil 831 jueces locales en 25 estados.
El objetivo de la reforma no es modificar el modelo para evitar una jornada “inmanejable”, por eso se pretende reducir el número de candidaturas por cargo para disminuir la saturación de las boletas.
El esquema original contemplaba hasta tres propuestas por cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ahora se plantea dejar únicamente dos candidaturas finales por cargo y especialidad.
De acuerdo con la propuesta, los comités de evaluación revisarán conocimientos, experiencia profesional, antecedentes y “buena fama pública”.
