Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aprehendieron a Sergio “N”, conocido como “El M24” o “El Monstruo de la Unión”, a quien se le atribuye el delito de asociación delictuosa agravada. El imputado aparece en las investigaciones como presunto líder de una célula del grupo criminal La Unión Tepito.
Las autoridades identifican a Sergio “N” como dirigente de Los Orejones, una célula relacionada con homicidios, extorsiones, cobro de piso, así como la venta y distribución de drogas. Las indagatorias ubican su zona de operación en las colonias Nueva Atzacoalco y Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde el grupo mantiene presencia delictiva.
La investigación también lo vincula como colaborador cercano de Óscar “N”, alias “El Lunares”, exlíder de La Unión Tepito, detenido por autoridades federales en febrero de 2020. A partir de esa relación, el Ministerio Público integró una carpeta de investigación que derivó en la solicitud de una orden judicial.
El 7 de enero de 2026, un juez concedió la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía capitalina. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación, con apoyo de la SSC, realizaron labores de inteligencia y análisis de información proveniente del sistema de videovigilancia del C5.
Como resultado de ese trabajo, el 12 de enero los agentes ubicaron al imputado en un domicilio del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, donde se llevó a cabo su detención mediante un operativo coordinado.
Tras su captura, Sergio “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y puesto a disposición de la autoridad judicial, instancia que resolverá su situación jurídica conforme a derecho en los plazos establecidos.
La FGJCDMX y la SSC informaron que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir a los grupos criminales que operan en la capital del país, mediante investigaciones sustentadas y coordinación interinstitucional, con el propósito de fortalecer la seguridad y el acceso a la justicia.
En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, la persona mencionada se considera inocente y será tratada como tal hasta que una sentencia firme determine su responsabilidad penal.
