Nuevas críticas de analistas y sectores empresariales recaen sobre el gobierno de Nuevo León, encabezado por el gobernador Samuel García, ante las diferencias entre los datos de inversión extranjera difundidos por la administración estatal y los registros oficiales federales, además de recientes acciones regulatorias en materia ambiental que han causado preocupación entre empresas instaladas en la entidad.
En diversos actos públicos y mensajes de gobierno, García ha señalado que durante su administración se han atraído hasta 68 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) al estado, como parte del impulso al fenómeno del nearshoring. Sin embargo, registros del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía indican que entre 2021 y 2024 Nuevo León recibió alrededor de 12 mil 343 millones de dólares, cifra considerablemente menor a la difundida por el gobierno estatal.
De acuerdo con esos datos oficiales, la captación anual de capital extranjero fue de 3,263 millones de dólares en 2021, 4,429 millones en 2022, 2,554 millones en 2023 y 2,098 millones en 2024.
Especialistas señalan que la diferencia se explica porque el gobierno estatal suele contabilizar anuncios o compromisos de inversión de empresas, mientras que las cifras federales reflejan inversiones efectivamente registradas. Esta distinción ha generado debate sobre la manera en que se comunican los resultados económicos del estado.
Un estado clave para el nearshoring
Nuevo León se ha consolidado como uno de los principales polos industriales del país. Empresas globales del sector manufacturero y automotriz han ampliado o instalado operaciones en la entidad, impulsadas por la relocalización de cadenas de suministro hacia América del Norte. Durante la administración de García también se han anunciado proyectos de compañías como Volvo, Lego, Siemens y John Deere, entre otras.
Este dinamismo económico ha permitido al estado generar más de 220 mil empleos formales en los primeros años del actual gobierno y mantener uno de los niveles de desempleo más bajos del país.
A la discusión por las cifras de inversión se suma un creciente malestar en parte del sector empresarial por la política ambiental del gobierno estatal. Empresas industriales y constructoras han reportado clausuras temporales, inspecciones y sanciones relacionadas con emisiones y manejo de residuos, medidas que la administración defiende como parte de un endurecimiento de la vigilancia ambiental.
Algunas compañías, entre ellas acereras, cementeras y firmas de materiales industriales, han sido objeto de operativos o revisiones en los últimos meses. Representantes empresariales señalan que la aplicación de estas medidas debe sustentarse en procedimientos técnicos y jurídicos claros para evitar afectar operaciones o generar incertidumbre en la inversión.
Cambios en la Secretaría de Medio Ambiente
En medio de este contexto, el gobierno estatal realizó recientemente cambios en la Secretaría de Medio Ambiente, lo que también generó debate en el ámbito político local. El relevo fue interpretado por algunos analistas como parte de una estrategia para reforzar la política ambiental del estado y endurecer sanciones contra empresas que incumplan la normativa.
El nuevo titular de la dependencia ha advertido que el gobierno buscará aplicar sanciones más severas, incluso penales, contra quienes contaminen o violen la legislación ambiental, en un intento por atender problemas como la mala calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey.
La discusión sobre las cifras de inversión y el enfoque de la política ambiental ocurre en un contexto político complejo en Nuevo León, donde el gobierno estatal ha mantenido tensiones con el Congreso local y diversos actores políticos y empresariales.
Mientras la administración de Samuel García defiende que el estado vive un periodo histórico de atracción de inversiones y crecimiento económico, críticos y analistas piden mayor claridad en los datos y reglas regulatorias estables para mantener la confianza de los inversionistas.
