Mediante un Punto de Acuerdo presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (San Lázaro), la diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy (MORENA) exhortó al Poder Judicial de la Federación, al Tribunal de Disciplina Judicial y a la Fiscalía a revisar de manera urgente la actuación judicial en un caso de feminicidio, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y enfoque interseccional.
Por el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo ocurrido en 2019, Mario Alberto “N” fue vinculado a proceso en 2023 y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva; sin embargo, esa medida fue cesada el 23 de marzo de 2026 mediante un juicio de amparo resuelto por la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, lo que derivó en su excarcelación.
De acuerdo con el documento presentado en San Lázaro, la actuación de la jueza Amarande Riojas Orozco presenta posibles irregularidades graves, entre ellas la falta de una valoración real del riesgo de fuga y de la seguridad de las víctimas, la omisión de notificar a las víctimas indirectas y un posible conflicto de interés al conocer del asunto, lo que resulta especialmente grave en un caso de violencia feminicida.
Al no considerar el contexto de violencia, los antecedentes entre víctima e imputado ni los factores de riesgo que deben analizarse conforme a estándares nacionales e internacionales, la resolución fue emitida sin una incorporación efectiva de la perspectiva de género, según se advierte.
No como una simple irregularidad procesal, sino como una forma de violencia institucional que vulnera el derecho de las víctimas indirectas a participar en el proceso y acceder a la justicia en condiciones de igualdad, es calificada la omisión de notificarles, conforme al documento.
Durante una manifestación frente a juzgados federales el 9 de abril de 2026, se registraron hechos de intimidación en contra de colectivas feministas y familiares de la víctima, lo que agrava el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las víctimas indirectas.
Para que se garantice la imparcialidad del proceso, se exhorta al Tribunal de Disciplina Judicial a analizar de manera inmediata la queja presentada contra la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, así como a valorar su suspensión provisional y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
Con el fin de combatir la excarcelación del imputado, se solicita a la Fiscalía dar seguimiento puntual al caso e interponer todos los recursos legales necesarios, además de garantizar la protección integral de las víctimas indirectas, evitando cualquier forma de revictimización.
Que este tipo de decisiones impactan directamente en la confianza ciudadana en el sistema de administración de justicia y envían un mensaje de permisividad frente a la violencia contra las mujeres fue advertido por la diputada Jiménez Godoy, quien señaló que no solo afectan un caso en particular y afirmó que “La justicia que no incorpora perspectiva de género no es justicia: es impunidad.”
