Habría que concederle la razón al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que al hablar de disonancias cognoscitivas en su comparecencia con senadores, definió con precisión la acción gubernativa para atender la crisis del Covid-19, al señalar que su función primordial es “responder a las expectativas del presidente” Andrés Manuel López Obrador y no evitar contagios y decesos de miles de mexicanos.
A lo anterior había que agregar las posibles disonancias financieras que, por la información que se ha hecho pública, se presentarían en la adquisición de las vacunas para el coronavirus, pues los datos oficiales son bastante oscilantes y dejan lugar a dudas de su pulcritud.
En el primer caso, haberse apartado de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud como la realización amplia de pruebas, el uso masivo de cubre bocas y el manejo a destiempo en el inicio y conclusión de la etapa de confinamiento; el abandono del modelo “centinela”, el manejo discrecional y errático del semáforo sanitario y la difusión inverosímil de cifras de afectados, confirman la actuación disonante del funcionario y de sus superiores.
Mal que se ha extendido a todo el sector salud y contagiado al ejecutivo federal que, independientemente de su desapego a seguir las normas sanitarias que son válidas para todos, las cuentas de los recursos públicos que se destinarán a la adquisición las futuras vacunas contra el coronavirus sencillamente no le cuadran.
Cuando se empezó a hablar de la creación de potenciales antivirus del Covid-19, López Obrador anunció la existencia en las arcas públicas de 100 mil millones de pesos; después, habló de la disponibilidad de 25 mil millones; más tarde redujo el monto a 20 mil millones, y la cifra más reciente dada a conocer es de poco más 35 mil millones.
Pero no sólo son las diferentes cantidades; también es el origen de los recursos, toda vez que en el proyecto de presupuesto para 2021 no existe una partida especial para este propósito. Los argumentos de ahorro, austeridad y finanzas sanas que se ocupan para toda ocasión, resultan insuficientes y poco creíbles.
Cuestionado sobre si el gobierno utilizará los recursos de los 109 fideicomisos que se busca eliminar o modificar su operación, López Obrador acepto que ese dinero serviría para pagar las entregas de las dosis que se harán en 2021.
“Para el año próximo ya se incluye (en los pagos a las farmacéuticas) lo que se va a ahorrar por fideicomisos. No todo lo que se manejaba en los fideicomisos va para este propósito, pero sí una cantidad importante”, remarcó.
Con base en la información disponible, México entregó un anticipo de 180 millones de dólares, la semana pasada, al mecanismo COVAX para el suministro de las dosis necesarias para vacunar al 20 por ciento de la población de México. En total, los acuerdos representan una inversión de mil 659 millones de dólares, es decir, 35 mil 159 millones de pesos, lo que implicaría un costo unitario de 242 pesos por vacuna, si se toma en cuenta que se entregarán 146.8 millones de dosis.
Sin embargo, a mediados de agosto, López Obrador, al referirse al acuerdo con AztraZeneca, dijo que la vacuna contra el coronavirus tendría un precio estimado de 4 dólares, monto que pagará el gobierno federal con dinero público. “Su costo va a tener que ver con los insumos y gastos mínimos… ese costo no lo va a pagar la gente de manera directa, la va a financiar el gobierno con el presupuesto público, que es del pueblo”, aclaró el primer mandatario.
El principal responsable de las negociaciones con los laboratorios internacionales es nada más y nada menos que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que también se ha encargado de la compra exterior de equipos e insumos para atender la emergencia sanitaria.
En otras palabras, el costo inicial de las vacunas se estaría triplicando prácticamente, lo que revela una disonancia financiera bastante elevada. Esperemos que en el caso de estas dos disonancias el gobierno no decida reservar por lo que resta del sexenio la información por el uso de los recursos públicos como ha hecho con otras obras.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
La diputada federal de Morena, Abelina López Rodríguez, confesó haber sobornado con 20 mil pesos a un ministerio público federal de Acapulco para que le ayudará a tener un juicio abreviado. Desde su curul, la legisladora de Guerrero informó que ella también se dedica a litigar, acción que tiene prohibida por su carácter de representante popular.
