El contagio por coronavirus de varios integrantes de Morena y partidos aliados, es menos preocupante que la pandemia originada por el esquema revisionista cuatroteísta, cuyo desapego por el marco jurídico y los ajustes veleidosos a la Carta Magna en 22 meses constituyen, en suma, una elegía a la Constitución Política Mexicana.
Infectado por el apotegma “la ley soy yo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace una interpretación legaloide de los ordenamientos pasando, inclusive, por encima de varios de ellos, con tal de que las leyes se acomoden a sus caprichos. Y si por alguna razón, encuentra escollos, con un simple chasquido de dedos o una opinión-regaño contagia de su megalomanía a los integrantes de la mayoría legislativa, lo que le permite imponer criterios.
Propenso a la desmesura, el ejecutivo federal rechaza cualquier objeción a su voluntad. Las evidencias más recientes son la extinción de los fideicomisos que, no obstante su óptica de que estaban mal manejados, contaban en sus arcas con miles de millones de pesos que, de le van a permitir completar el gasto público que se encuentra en condiciones menesterosas.
En este caso, actúa como el padre que castiga a la familia, proporcionándole a sus integrantes el mínimo requerido, para disponer de más dinero e irlo a gastar en las cantinas, a donde llega exigiendo su Tren Maya, Refinería Dos Bocas y Aeropuerto de Santa Lucía; y sin remordimiento alguno, regresa a casa a quitarle los ahorros a esposa e hijos, para seguir la parranda de sus obras emblemáticas.
El carácter místico que le da a sus acciones, lleva a López Obrador a desconocer reglamentos, acuerdos y contratos, como sucede en el sector energético, tanto en materia petrolera como de electricidad, donde a toda costa trata de impedir o limitar al mínimo la participación privada, envuelto en lo que denomina interés público, sin tener en cuenta la existencia de compromisos legítimos, convenidos con anterioridad.
Para ello, usa como parapeto a las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH) que aplican medidas destructivas contra la participación de particular en estas actividades económicas. El argumento de los intereses del pueblo, en realidad es una máscara, una apariencia que escamotea ganancias legítimas a los empresarios con tal de perpetuar las ineficiencias productivas de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
Su exacerbado estatismo, quedó de manifiesto este jueves en su conferencia mañanera, al referirse a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó la suspensión del decreto federal que modifica las reglas para que las nuevas plantas privadas de energía renovable se conecten al Sistema Eléctrico Nacional.
Ante esta decisión, que parecería infranqueable, López Obrador señaló que se revisaran estos ordenamientos legales y “si no hay otra instancia para defender el interés público” propondrá una reforma constitucional para que “prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales”, aun cuando eso ya está plasmado en la Carta Magna.
Al fin y al cabo para eso cuenta con la mayoría en el Congreso, para darle la vuelta al marco jurídico en vigor, sin importar la inseguridad jurídica que ocasiona, sustentando sus decisiones que generan sospechas de encubrimiento de ineficiencias públicas y potenciales actos de corrupción.
En esta búsqueda nostálgica de recuperar el pasado echeverrista que domina los pensamientos de López Obrador, poco le importan los cambios habidos en México y el mundo en el último medio siglo y, mucho menos, la Constitución.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Que la Suprema Corte y el Congreso de la Unión sean los instrumentos que autoricen una consulta popular para esclarecer el comportamiento de actores políticos del pasado, ¿debe interpretarse como que el ejecutivo no quiso asumir la responsabilidad de iniciar juicios a expresidentes?
