Altamente revelador que el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas si dedicara unos cuantos segundos al caso de sobornos en Pemex durante su administración y se explayara en la defensa de su libertad de expresión, por la recomendación de las autoridades comiciales para que se abstenga de hacer declaraciones sobre el proceso electoral de 2021.
Dueño del escenario y del micrófono durante dos horas al día -de lunes a viernes- en donde dice lo que quiere y sobre lo que le interesa, parece uno más de sus excesos aseverar que defiende su “derecho a manifestarnos e informar al pueblo, nuestra libertad de expresión, como cualquier otro ciudadano”.
La investidura presidencial que tanto le preocupa salvaguardar de quienes quieren mancillarla -según él-, le otorga un sitio diferente al de cualquier ciudadano que no tiene las prerrogativas ni los instrumentos para acaparar la atención de los medios informativos, tradicionales y no.
Su argumentación es un sofisma, por lo cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ratificar la “tutela preventiva” que emitió el INE, a fin de que se abstenga de emitir juicios u opiniones que afecten la imparcialidad y equidad del proceso electivo de mediados del año entrante.
Argüir que la recomendación del Instituto Nacional Electoral constituye una forma de veto, se ubica más en la proclividad a la victimización que caracteriza a López Obrador a que pueda ser un acto de censura. La propia legislación en la materia, establece márgenes en los cuales la actuación del ejecutivo -sea verbal, por acciones o programas- no constituya un elemento disruptivo en la equidad electoral.
No es gratuito ni inocuo que en siete de las 15 entidades federativas en donde elección de gobernador, estén participando en el proceso selectivo de Morena, quienes ocupaban el cargo de delegados –“superdelegados” como se les conoce popularmente-, ya que eran los encargados del reparto de recursos públicos a la población.
Rechazó que hable para favorecer a un partido, aunque en sus conferencias mañaneras de manera constante hable de que la gente debe rechazar el pasado conservador y corrupto, cuando en días recientes se han dado a conocer casos de influyentismo y sobornos en Petróleos Mexicanos; en uno de ellos, se ubica su prima hermana, Felipa Obrador Olán.
No sólo es un anhelo presidencial que haya elecciones “limpias y que no haya fraudes, que no trafiquen con la pobreza de la gente, no compren votos, que no entreguen despensas, que no rellenen urnas, falsifiquen las actas, que no voten los difuntos”, es de todos los ciudadanos.
Prácticas que, sin embargo, el Movimiento de Regeneración Nacional abraza con fruición y se hicieron evidentes en la consulta para enjuiciar a actores del pasado y durante el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena.
El mismo López Obrador incurre constantemente en la adopción de medidas clientelares, apartadas de un interés genuino de justicia social. Por ejemplo, en lugar de haber ordenado la aplicación masiva de pruebas diagnósticas del Covid-19, con lo cual se pudo haber contenido el número de contagios y muertes, ha preferido entregar “gastos funerarios”, que tienen un costo económico más alto, pero pueden darle rendimientos electorales.
Estos y otros elementos permiten concluir que la impugnación de la Consejería Jurídica a la medida cautelar dictada por el INE hacia el primer mandatario, tiene como propósito eliminar cualquier obstáculo, a sus ambiciones absolutistas, parea lo cual se basa en sofismas que le permitan disfrazar sus verdaderos propósitos.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Rescindir contratos en Pemex no oculta que la autoridad presidencial no fue respetada ni acatada, en el caso de su prima Felipa Obrador, ni tampoco que los órganos fiscalizadores de la 4T: la auditoría interna de la paraestatal, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República cumplan con eficiencia sus tareas, en el caso de los sobornos.
