Cada vez es más notoria la disonancia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver los problemas, en especial los relativos al combate al coronavirus. Y ante eso, el primer mandatario siempre sale a decir que existen otras opciones, sin detallarlas, con lo que evita comprometerse.
Sin carácter para establecer medidas restrictivas en su momento, si ahora quisiera hacerlo, seguramente nadie le haría caso; más bien está cediendo a las presiones de algunos sectores productivos, a fin de no frenar la actividad económica que ya se vislumbra, como consecuencia de la segunda oleada de contagios por Covid-19.
Ante el temor de una posible “cacerolazo”, las autoridades de la Ciudad de México tuvieron que ceder ante las presiones de grupos empresariales, para reabrir parcialmente sus negocios. Y para contrarrestar efectos nocivos por la saturación de hospitales, tomó la determinación de aplicar una variante del “médico en casa”, de la administración mancerista.
El anuncio del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de que se pospondrá unos días el arribo de nuevas dosis de la vacuna Pfizer, seguramente tendrá un impacto en la campaña de inmunización que lleva a cabo la administración lopezobradoriana, se suma a la renuncia de la responsable de llevarla a cabo, Miriam Esther Veras Godoy, presentó su renuncia al cargo por “motivos personales”.
Siguiendo los instintos que le dan identidad, un buen número de morenistas acuden al “agandalle” para ser inoculados, haciendo de lado al personal de salud que está en la primera línea de combate; inclusive se cae en el absurdo de justificar oficialmente que se vacune a los llamados “servidores de la nación”.
Y para alimentar el sospechosismo, tal vez valdría la pena que el INAI indagará si la información que recaban en el momento de vacunar a la población cumple con lo dispuesto en la protección de datos personales. Aclararlo, alejaría la idea de que se utilizarán para fines electorales.
Signos todos de que el programa de vacunación está en problemas para poderse concretar conforme a lo planteado inicialmente; decir programado sería pecar de optimista u otorgarle credibilidad a un gobierno que difícilmente cumple con sus promesas.
Hasta el momento, la población a la que ya se le aplicó el antiviral representa menos del 0.4 por ciento que, comparado con otras naciones, es un porcentaje demasiado pequeño, sobre todo cuando en las últimas semanas el número de contagios y fallecimientos ha crecido en magnitudes no vistas.
Con base en los elementos enumerados, parece que la afirmación de “misión cumplida” del canciller Marcelo Ebrard es uno más de los recursos retóricos -atole con el dedo- a los que es tan propensa la actual administración, ya que los datos duros se encargan de desmentirlos día con día.
En vez de pruebas, AMLO recomendó detentes y estampitas; aseguró que la pandemia estaba domada; que tenía más de 100 mil millones de pesos para vacunas y luego lo redujo a 25 mil millones; estimó en cuatro dólares el costo de cada dosis y después decidió reservar -ocultar- lo que nos va a costar a los mexicanos.
Ese mismo argumento avaricioso, hizo rechazar la vacuna de Moderna por cara y, a cambio, nos recetará la rusa Sputnik-V por su bajo costo. Es decir, no quiere que falte dinero para sus obras emblemáticas que, según estudios independientes, representan y serán una mala inversión.
En realidad, desde el inicio de la pandemia, al presidente López Obrador se le ha hecho bolas el engrudo, pues siempre ha ido a destiempo, tanto en declaraciones como en acciones, guiado siempre por buscar ahorro de recursos, aunque esto sea a costa de la salud de los mexicanos.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el año pasado 1.7 millones de mexicanos retiraron parte de su ahorro pensionario, lo que representó una cifra de 20 mil millones de pesos, la más alta desde que hay registro.
