Embotado de poder, el residente temporal de Palacio Nacional acusa y ofende sin ton ni son como método de escape cuando se siente derrotado moralmente. A falta de argumentos, recurre a su buró de la estulticia para escarbar entre su arsenal de epítetos que, sin pudor, suelta en las mañaneras.
Él y sus asesores creen que las descalificaciones son la varita mágica para resolver los problemas que ellos mismos generan por sus afanes de pasar a la posteridad, sin importarles si contravienen lo que la Carta Magna establece.
Aún a sabiendas de que con anterioridad ya se había declarado la invalidez de su política eléctrica, el presidente López Obrador instruyó al Poder Legislativo a que no le cambiarán una sola coma a su iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica, que en su esencia es hermana gemela de la rechazada.
Podría, inclusive, hablarse de perversidad del primer mandatario, que no sólo humilla a diputados y senadores afines, al darles instrucciones para aprobar un ordenamiento contrario a la Constitución.
La suspensión provisional de todos los efectos de la mencionada ley, dictada por el juez Gómez Fierro por anular la competencia económica en la generación y despacho de energía eléctrica, para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas, provocó la 8ra presidencial y pidió al ministro presidente de la Suprema Corte “investigar al juez” que otorgó los amparos, por haberlo hecho “de manera veloz”.
Esta petición lleva implícito el reconocimiento de su ignorancia de la ley y la falta de argumentos del ejecutivo federal, lo cual se ve reforzado con sus señalamientos de la existencia de un “buró jurídico para ir en contra de las acciones” de su gobierno.
Y en su incontinencia verbal, López Obrador se tropieza consigo mismo. Por un lado, asegura que su gobierno respeta el derecho de amparo, la autonomía de jueces y las libertades de expresión y asociación; por el otro, piensa ejercer sus facultades a plenitud y defender el interés general. Facultades que están ceñidas por la Constitución y no sujeta a caprichos.
Por eso el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, respondió a su solicitud, precisando que, de existir elementos, se abrirá la investigación, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen.
El desconocimiento de los procesos legales del presidente y su equipo, es inaceptable. La suspensión provisional a la reforma eléctrica, es un trámite casi automático cuando se inicia un juicio de amparo, por lo que pedir la investigación hacia un juez, constituye un acto alejado de la justicia y más proclive a la intimidación.
La determinación del juez, en realidad, deja fuera del negocio a amigos y empresarios cuatroteístas, que ya se relamían los bigotes de poder vender al gobierno materias fósiles para generar electricidad. Apoyar y fortalecer la economía popular, es una más de las argucias y simulaciones presidenciales para ocultar intereses aviesos.
Que hayan sido poco los jueces, magistrados y ministros han sido enjuiciados, desde la época posrevolucionaria, habla de la probidad existente en el Poder Judicial. Afirmar lo contrario, es consustancial al buró de la estulticia de Palacio Nacional.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Cuando en Europa se frena la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, México pidió a Estados Unidos que le comparta dosis de este antiviral, que allá aún no se aprueba, pero que México ya ha comenzado a utilizar.
