La defensa legal VMA que representa a tres lesionados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, a la altura de Nizanda en Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de diversas constructoras: Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante, Daniferrotools, así como servidores públicos.
A las afueras de la FGR, el abogado Adrián Arellano señaló que con fundamento en el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentaron la querella por el delito de lesiones, previsto en el artículo 288 del Código Penal Federal, así como la denuncia por los delitos de abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.
Arellano dijo que representan a los afectados Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temich y Alexis Iglesias.
“Más allá de la ayuda del gobierno, el apoyo económico de del gobierno federal, no queda ahí. Hay afectados que hoy no están en casa, hay familiares que esperaban pasar la la Navidad y hoy no están”.
La denuncia, explicó el abogado Adrián Arellano, es contra los funcionarios públicos que no supervisaron correctamente la construcción y rehabilitación del proyecto ferroviario y contra las empresas contratistas que fueron omisas.
Las empresas, detalló, son COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools que ya fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación de que no existe evidencia de que realizaron los trabajos para los cuales fueron contratadas.
“El delito de abuso de autoridad se señala de manera preliminar. Al final del día, la Fiscalía General podrá advertir si esta configuración se actualiza, derivado de que no existe una supervisión en los contratos, de que esos contratos se dieron sin advertir, efectivamente, todo este trabajo realizado, y porque la Auditoría Superior es muy clara, señala que no existe evidencia de los servicios contratados.
“En consecuencia, aquí, evidentemente, debe haber un esclarecimiento de qué fue lo que pasó”, expuso.
El abogado dijo que las víctimas que representa, es una familia misionera de Ciudad Juárez, que el 28 de diciembre tenían como finalidad llevar ayuda humanitaria a Oaxaca.
“La familia ha señalado la voluntad de denunciar el delito de lesiones derivado de estas omisiones tanto de autoridades como de contratistas, así como el delito de abuso de autoridad y contra quien resulte responsable.
“Sabemos que la FGR ha iniciado una investigación y la voluntad es colaborar con la misma, ser partícipes activos a través de las víctimas y poder aportar mayores datos para efectivamente saber cuál fue la razón de este descarrilamiento”, remarcó.
A pregunta expresa que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que algunos bufetes de abogados sugieren a las víctimas denunciar prometiendo mayores compensaciones, en realidad están más interesados en cobrar comisiones, el litigante subrayó que ellos tienen funciones y llamo a las Barras y Colegios de Abogados a que también participen en esta representación.
