La responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por dignidad, debería abandonar su cargo, pues en lugar de defender a los ciudadanos de las acciones de gobierno, promueve proteger a los funcionarios públicos de la sociedad.
Esto es particularmente relevante en la actividad periodística, donde los asesinatos, amagos, actos intimidatorios y descalificaciones a quienes se desempeñan en este sector, provenientes de todas las esferas, constituyen la vulneración de sus derechos y una amenaza a la libertad de prensa, de expresión y del derecho a la información.
Desde el inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado constancia de su animadversión hacia el gremio periodístico y, con regularidad, pone en duda su labor, en especial cuando se dan a conocer hechos que no son de su agrado o difunden información que contradice sus dichos.
El presunto diálogo circular que deberían ser la esencia de las mañaneras, ha derivado en tribunal público, donde medios de comunicación y periodistas, nacionales y extranjeros son enjuiciados impúdicamente, al amparo del sofisma del derecho de réplica que, paradójicamente, les niega esa tribuna.
Foro unipersonal, en el que en fechas recientes, la ojeriza presidencial hacia el periodismo se ha profundizado, utilizando un tono cada vez más agresivo hacia algunos periodistas críticos de su gestión, a grado tal que los considera responsables de sus fracasos.
En este ambiente de polarización, en vísperas de los comicios de mitad de camino, causó profunda extrañeza y malestar que la CNDH hubiese determinado solicitado “medidas de protección” para Sanjuana Martínez, al hacer un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que reconsidere la negativa y brinde estás medidas de protección a la directora de Notimex.
La CNDH, a cargo de Piedra Ibarra, sostiene que Martínez ha visto “vulneradas y agredidas su integridad psicológica y moral” por parte de integrantes del sindicato de SUTNOTIMEX, así como de la organización Artículo 19 y del medio informativo Aristegui Noticias.
La postura asumida por la presidenta de la CNDH, demuestra que prefiere quedar bien con quien la nominó al cargo, en lugar de ayudar a salvaguardar el derecho a la vida del gremio periodístico. Fue tan ridícula la recomendación de Rosario Ibarra que ya le mandaron decir que mejor se dedique a otra cosa.
En respuesta a tan inédita solicitud, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, puntualizó que “los hechos narrados en su queja están relacionados con su actuación como funcionaria de una institución del Gobierno de México y no con motivo de una labor periodística ni con el ejercicio de libertad de expresión”.
Cifras de dicho Mecanismo, adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, indican que durante los dos primeros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 38 comunicadores, lo que ubica a México como una de los principales países de alto riesgo para ejercer este oficio.
Sin tener en cuenta estos datos, el primer mandatario prosigue con su ofensiva diaria hacia a periodistas y comunicadores, poniéndolos en riesgo. Sus expresiones parecerían anunciar carta abierta para que fanatismo existente en el cuatroteísmo y grupos criminales lleven a cabo acciones encaminadas a acallar a reporteros y a medios de comunicación.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Las mutuas denuncias entre México y Estados Unidos sobre el incumplimiento del T-MEC en materia laboral, indican que las relaciones entre ambos gobiernos no son tan tersas como se presume y que la confrontación será la constante en los años por venir.
