¿Qué tanto pueden influir las denuncias de fraude electoral en la incipiente recuperación económica? ¿Qué tan dispuesto está el presidente López Obrador en sacrificar la mejora en los bolsillos de los mexicanos, con tal de alzarse con la mayoría en el Congreso?
Son cuestionamientos para analizarse con detenimiento pues, ciertamente, los signos de avance en varios renglones de la economía pueden diluirse si el ambiente polarizado previo a la celebración de los comicios del 6 de junio, se mantiene o se incrementa después de esa fecha.
¿Qué tan democráticos se mostrarán el titular del ejecutivo, su partido y sus aliados, así como los partidos de oposición a aceptar los resultados de las urnas, con tal de garantizar mejores niveles de vida de la población?
Lo exhibido hasta el momento por todas las fuerzas políticas que participan en la contienda electoral, es poco alentador; parecen más interesados en derrotar al adversario que en contribuir a que la marcha de las actividades productivas empiece a recompensar a todos los afectados por las crisis sanitaria y económica en la que México ha estado inmerso desde el inicio de la presente administración.
La evaluación de estos asuntos es fundamental para determinar si el actual sistema de partidos políticos es coadyuvante para una sana relación entre democracia y economía o, por lo contrario, únicamente entorpece este vínculo.
Las clases dirigentes y los poderes fácticos deben considerar si sus ambiciones personales o de grupo son más importantes que disminuir la pobreza y desigualdad que las crisis y sus ambiciones profundizaron. Las elecciones de 2021 serán definitorias y definitivas en ese sentido.
Por el momento, existen condiciones que posibilitarían a México un crecimiento económico en el presente año por encima del cinco por ciento. El aumento en el precio del petróleo, la reapertura cada vez más amplia de negocios y el aumento en las remesas, son elementos que no deben ponerse en riesgo.
De ahí la importancia de que todos los participantes en la contienda electoral asuman el compromiso de respetar la voluntad ciudadana. Todos, hasta el momento, han caído en irregularidades e ilegalidades, lo cual confirma que ninguno de los contendientes es hermana de la caridad.
De una u otra forma estos actos de ilegalidad ya fueron y sus efectos difícilmente podrán modificarse antes de la jornada electoral. Resta que en el resto del proceso dejen atrás esas conductas y se comprometan a apegarse al marco jurídico vigente, como forma de garantizar la paz y la estabilidad, tan caras para el desarrollo económico.
La historia ha dado ejemplos claros de que la existencia de mayorías amplias en el poder legislativo propicia gobiernos absolutistas, y que cuando se alcanzan equilibrios se dificultan los acuerdos y se tienen crecimientos económicos mediocres.
Ninguno de estos caminos ha sido capaz de remediar las grandes desigualdades. Mucho menos cuando se pone mayor énfasis en acusar al adversario de acciones fraudulentas, cuya intensidad es inversamente proporcional al desempeño económico del país.
Con o sin fraude, las cuentas alegres que cada frente político viene dando a conocer, con triunfos anticipados, pueden minar los números positivos en economía y dar inicio a manifestaciones de descontento social, que a nadie convienen.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le olvida que el gobierno de Estados Unidos también otorga fondos a entidades gubernamentales y no sólo a intelectuales, por lo que su administración también recibe “maíz con gorgojo”. Parafraseando una de las muchas gracejadas del mandatario mexicano: muerde la mano de quien le da vacunas.
@Edumermo
