Por aquellos años de 1580, en los Ensayos de Montaigne, las jergas de Galimatías cobraban relevancia al referirse a asuntos ininteligibles. Hoy, el término galimatías resulta un perfecto calificativo para describir la tan enunciada pregunta que se hará en la consulta ciudadana de próximas fechas.
Dicha pregunta es un tanto diferente a la que permeó en el colectivo nacional. En este punto, vale la pena recordar que dicha interrogante sufrió una serie de modificaciones para adecuarse a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) palomeó.
La primera versión, planteada por López Obrador, cuestionaba al participante si consideraba que el presidente debía de promover que se juzgara y no solo se persiguiera a “chivos expiatorios”; además, si se debían de revisar las responsabilidades en delitos de corrupción y, otros más, a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
No perdamos de vista que la Constitución, en su artículo 35, mandata que son derechos del ciudadano, entre otros, votar en las consultas populares, las cuales serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
En esta lógica, en agosto de 2019, los senadores de Morena hicieron la petición de una consulta ciudadana. La segunda versión de pregunta que propusieron fue la siguiente: “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.
En septiembre de ese año, Mario Delgado formalizó la solicitud y advirtió que la consulta debía de contener un único cuestionamiento (versión tres): “¿Debe garantizarse el derecho a la verdad y la justicia del pueblo de México por los hechos de corrupción en que pudieron haber incurrido los expresidentes de la República mediante las investigaciones correspondientes, salvaguardando el debido proceso y la presunción de inocencia?”.
Delgado informó que había entregado alrededor de 300 mil firmas, que resultaron insuficientes para alcanzar el 2 por ciento de la lista nominal que se requiere por ley. Un día después, el Gobierno Federal entregó al Senado la solicitud de consulta ciudadana y, tras el proceso de verificación del INE y de revisión por parte de la Corte, el magistrado Aguilar declaró que era inconstitucional.
Entonces, el galimatías disfrazado de pregunta que hoy ponen a consideración, se lee así: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Sumado al lenguaje complicado y sin sentido de esta pregunta, debemos reflexionar, si es obligación del Estado Mexicano llevar a cabo las acciones legales y pertinentes para garantizar la justicia y los derechos de toda la ciudadanía, ¿por qué someterlo a consulta?
